una mujer que trabajaba como técnico de laboratorio en un hospital asturiano trató de envenenar a varios compañeros inyectando en sus botellas de agua en repetidas ocasiones salfumán, vinagre y sangre. Fue condenada a un año y medio de cárcel y a indemnizar a los afectados y, como es lógico, perdió su trabajo. Pero, a pesar de reconocer los hechos, denunció que su despido era improcedente. Y la Justicia le da la razón. Resulta que hubo un error en la tramitación del expediente y el hospital está obligado ahora a readmitirla. Para evitar que vuelva al lugar del crimen, donde provocó varias bajas, deberán pagarle más de 51.000 euros. Es el mundo al revés: los criminales ganan los juicios y encima se llevan un pellizco.