Los líderes políticos –del Gobierno central y de la oposición– aprovecharon el despropósito del Tribunal Supremo para saltar al ruedo ibérico escandalizados porque los clientes de un crédito hipotecario tenían que pagar el registro de la hipoteca cargando con un impuesto que ellos pudieron cambiar modificando la ley de hace 23 años.
Pero no se escandalizan porque por el mismo hecho de registrar la hipoteca en unas comunidades se pague el 0,5 y en otras, las más, el 1,5 por cien. Ven normal que haya hipotecados privilegiados e hipotecados pringados, que tributan al límite. Como los de Aragón, cuyo gobierno subió este impuesto un 50 por cien con el apoyo entusiasta de Echenique, destacado contendiente contra el T.S. O Andalucía cuya presidenta, también beligerante, aprobó un incremento en 2012, en plena crisis, del 1,2 al 1,5 por cien. Dos ejemplos de incoherencia. Por cierto, en Galicia se paga la tarifa máxima, aunque la Xunta aplica rebajas en varios casos.
Dicho esto, tomen nota de la reforma del impuesto. El presidente del Gobierno anunció solemnemente, –le faltó decir “a Dios pongo por testigo” de Escarlata O’Hara–, que “nunca más los españoles pagarán este impuesto, lo pagará la banca”, su diana preferida. Pero absténganse de brindar porque eso no es verdad.
Si La Moncloa no nubló su mente, el presidente sabe que los impuestos los pagamos los ciudadanos. ¿Acaso piensa que la subida de las cuotas a los autónomos –al fontanero, al electricista y al albañil o al pequeño comerciante– no repercute en los demandantes de sus servicios? ¿O el impuesto al diésel en los consumidores? Los bancos diluirán ese impuesto encareciendo las hipotecas, aumentando las comisiones o cobrando otros productos y servicios.
Tampoco estuvo fino –por decirlo suavemente– en sus referencias al TS. Enmendar la plana y agrandar las dudas sobre la rectitud del alto tribunal lo pueden hacer los populistas, nunca el presidente del Gobierno y menos en vísperas del comienzo del macro juicio a los independentistas.
Tras este episodio queda la sensación de que los políticos, presidente incluido, agitan el vendaval del populismo aderezándolo con dosis a discreción de cinismo e hipocresía, de mediocridad e ignorancia. Con todo, lo peor es que quieran tapar su desidia y engañar a los ciudadanos criminalizando a la banca y al Tribunal Supremo, que no son un dechado de perfección, pero son instituciones fundamentales en un Estado de derecho.