Un mazazo

a imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por presuntos delitos de corrupción es un hecho que, al margen de la presunción de inocencia, apareja consecuencias políticas negativas para el PP. Su actual dirección, renovada y con gente de otra generación, no puede por menos que estar preocupada. Aunque se defienden subrayando lo que es evidente: que tanto Aguirre como Cifuentes forman parte del pasado no deja de ser otra evidencia que se trata de dos presidentas de Madrid y en el caso de Aguirre, además, de toda una ex ministra y ex presidenta del Senado.
Una imputación no es una sentencia –lo será el día en el que el tribunal determine sí son o no culpables de los delitos que señala el juez instructor– pero el sólo hecho de encabezar un auto en el que se enumera una gavilla de actuaciones sobre las que el juez ve financiación ilícita y desvío de dinero público lanza una sombra ignominiosa sobre su trayectoria y es ahí donde la política enciende los focos. A Pablo Casado este escándalo, herencia de un pasado no tan lejano, le alcanza en un momento delicado.
Cuando el PP, tras la debacle sufrida en las elecciones de abril, se había reorganizado y mediante las alianzas con Ciudadanos y Vox en Andalucía, Murcia y Madrid había conseguido un poder territorial que sumado al no menos simbólico del Ayuntamiento de la capital de España proyectaba la idea de un Partido Popular que no se había estancado y permanecía hundido y sin acertar a salir de la perplejidad en la que le había sumido la moción de censura que acabó con la carrera política de Mariano Rajoy. Todo lo contrario. Pablo Casado había optado por una línea de oposición que cursa en forma de discurso templado que por contraste con el crispado de Albert Rivera contribuye a afianzarle como líder de la oposición.
A la vista de la estrategia de Sánchez que parece dictada para desembocar en nuevas elecciones en el PP estaban calentando motores. En ésa fase les alcanza el escándalo político que se desprende de la imputación de Aguirre y Cifuentes. La justicia va a su ritmo y por detrás de la política, pero para el Partido Popular ha sido un mazazo. El posible coste electoral ante una nueva cita con las urnas es una incógnita. Lo que hemos conocido hasta ahora es que –tanto en el caso del PSOE (ERES en Andalucía) como el propio PP (victoria de Rajoy en 2011 año en el que ya se conocía el caso Gürtel)– cuentan con electorados inclinados a pasar por alto los casos de corrupción. Así nos va.

Un mazazo

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