Insisto en el sorprendente hecho de que tanto el concello como Emafesa comparten el mismo abogado, ya que no se puede servir a dos señores. 
El concello debe tener abogado propio y no es un tema menor, porque la táctica de Urbaser de atemorizar al alcalde, con responder por su patrimonio personal por el quebranto económico derivado de la suspensión de la tasa de saneamiento, puede tener éxito si no tiene un adecuado asesoramiento legal. Él no es abogado y puede no controlar esta situación de estrés, a diferencia de otros miembros de la corporación local. 
La desprivatización de los servicios es la clave de la gestión municipal, porque liberaría varios millones de euros del presupuesto local de 55 millones, para dedicarlo a otras necesidades. 
El problema no es sólo la oposición de estas empresas, sino el apoyo (incluso público) que han logrado obtener de algunos cargos y ex-cargos públicos.