Cerrar transferencias

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Bajo el título “Un nuevo pacto territorial. La España de todos”, en julio de va a hacer siete años el Consejo territorial del Partido Socialista hizo público la también conocida como  Declaración de Granada. Un documento para ellos importante que airean de vez en cuando, pero al que no han hecho hasta ahora mayor caso. En el mismo se propone una profunda revisión y una actualización urgente del Estado de las autonomías, habida cuenta de que el dibujado por la Constitución del 78 tuvo mucho de tentativo como  primera experiencia histórica que fue de una transformación radical de la estructura del Estado.

Por esta razón –añade– la ley fundamental que nos rige dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales como la distribución competencial, el modelo de financiación y los mecanismos de cooperación entre las Administraciones públicas, entre otros extremos. Y en ese sentido propone una reforma para clarificar y delimitar definitivamente la distribución de competencias y responsabilidades del Estado y de las comunidades autónomas. 

Se trataría, en definitiva, de cerrar en este punto el modelo para acabar con la confusión actual;  de establecer de forma clara  un sistema  concluido y final. En ello coincide también gran parte de la doctrina. Hora es, a su juicio,  de terminar con ese principio dispositivo, unas de las singularidades –dicen- de nuestra carta magna, que, sin embargo,  resulta altamente perturbador.

Su esencia consiste en atribuir a las comunidades autónomas una capacidad decisiva para proponer y codecidir la creación y modificación de su autogobierno a través de los respectivos estatutos. El informe del Consejo de Estado (febrero 2006)  ya apuntó la posibilidad de abandonarlo y de poner fin a lo que se considera una “desconstitucionalización” práctica de la forma de Estado. Entre otras razones porque fomenta una constante pugna por conseguir más competencias por esta atípica vía, que no tiene antecedentes en los sistemas federales consolidados.

El tiempo y las propuestas pasan, pero la situación no sólo permanece, sino que se engrosa. Y llega de la mano incluso de un Gobierno cuyo partido, como en la recordada Declaración de Granada, aboga por el cierre del modelo. Competencias y las consiguientes transferencias siguen siendo moneda de cambio para sostener las mayorías parlamentarias de los Gobiernos centrales de turno. No en vano formacionmes nacionalistas y/o Gobiernos autonómicos condicionan no pocas veces las políticas de los partidos estatales por su posición de bisagra en el Congreso de los Diputados. 

Último y elocuente ejemplo ha sido el paquete que Pedro Sánchez tiene comprometido con el País Vasco a través del acuerdo con el PNV: una treintena de transferencias para en teoría acometer el cumplimiento íntegro del Estatuto autonómico de 1979, pero en la práctica para asegurar la continuidad del propio Sánchez y su Gobierno de coalición. Y alguna, de la relevancia del régimen económico de la Seguridad Social, hasta ahora intocable e intocado.

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