PROFETA DE LA DERIVA AUTONÓMICA

Centrados en su sobresaliente figura como maestro del Derecho público y, más en concreto,  del Derecho administrativo, pocos obituarios o necrológicas dedicados a la memoria del recientemente fallecido Eduardo García de Enterría han recordado la labor del profesor y consultor cántabro al frente de aquella comisión de expertos que elaboró el célebre “informe Enterría” sobre el Estado autonómico y la eventual deriva del mismo que ya se podía adivinar.  
Fue el entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo,  quien en su discurso de investidura –días antes del golpe del 23-F de 1981- esbozó la necesidad de racionalizar el proceso autonómico ya en curso y de poner un poco de orden y sentido al totum revolutum que suponía el Título VIII de la Constitución.
En consecuencia, el presidente Calvo-Sotelo  encargó al grupo de expertos que presidió el profesor García de Enterría un informe en ese sentido; informe que conoció la luz a mediados de mayo de aquel 1981 y que se acabó convirtiendo en la famosa ley de Armonización del proceso autonómico (Loapa), recurrida luego por los partidos nacionalistas y declarada finalmente inconstitucional por el TC en sus puntos básicos como ley orgánica y armonizadora que pretendía ser.
Traer ahora a colación, más de treinta años después, este casi olvidado proceso se deriva no sólo de la oportunidad de dedicar un más que merecido recuerdo  al profesor García de Enterría, sino sobre todo de poner de relieve cómo no pocas de aquellas veintidós propuestas de la comisión de expertos y del “informe Enterría” eran premonitorias de lo que a la postre ha venido a suceder.
En una de ellas, por ejemplo, se advertía de que instauradas las comunidades autónomas en todo el territorio del Estado, “resultaría gravemente inconveniente para la salud del sistema” que aquellas decidieran reproducir en su propio espacio los esquemas organizativos de la Administración del Estado”. Y en otra: “Las instituciones que la Constitución permite a las comunidades autónomas –sobre todo, la Asamblea legislativa y el Ejecutivo o Consejo de gobierno– son precisas para la consagración de autonomías políticas efectivas. Pero de ahí a entender que aquéllas necesiten pertrecharse del mismo aparato público de que ha dispuesto el Estado centralizado va un largo camino que no debe recorrerse en ningún caso”. Y así, sucesivamente.
Fue aquel un planteamiento racional y posibilista que si al menos en sus grandes líneas se hubiera tenido en cuenta, hubiera ahorrado muchos de los problemas presentes. Pero lo cierto es que a lo largo de estos años el sistema se ha topado con unas fuerzas nacionalistas y unos necesitados  Gobiernos centrales de diverso signo cuyas balizas no sólo no han racionalizado la aplicación del modelo, sino que la han acelerado hasta el descarrilamiento final.