En vivaz conversación con Carlos Alsina, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, niega que ya esté decidida la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (julio, 1985) para cambiar la mayoría parlamentaria necesaria en la elección de vocales del CGPJ.

Así precisaba las declaraciones de Sánchez, el viernes pasado en Bruselas. El ministro alude al fondo persuasivo del asunto. Con la vista puesta en el PP, cuya posición obstruccionista impide la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Así que estamos ante el enésimo intento, ahora en modo amenaza, de sentar al partido de Pablo Casado en una negociación para desbloquear dicha renovación.
En modo amenaza. Acabáramos. Una dosis de recuerdo al PP: está constitucionalmente obligado a desbloquear una institución que funciona en régimen de interinidad desde diciembre de 2018. Menos mal. Porque si la reforma estuviera ya decidida (elegir a los vocales en Congreso y Senado por 176 votos, no por 210), tendríamos que equiparar a Sánchez con Maduro en lo referido a cambiar reglas del juego sobre la marcha, en función del minuto y resultado de la lucha por el poder.

Me adhiero a la versión de quienes ven un globo sonda de presión al PP en el amago revisionista de Moncloa. De hecho avanza la tesis de que Casado se avendrá finalmente a consensuar los nombramientos de los 20 vocales (10 por el Congreso y 10 por el Senado), una vez consumada la moción de censura de Vox contra el Gobierno, en la que el líder del PP no será condescendiente. Hasta entonces mantendrá su postura obstruccionista en base a los riesgos de dar entrada en los procesos de elección de miembros del CGPJ a Podemos, que es un partido de Gobierno de confesada desafección constitucional.

De hecho no es tanto la facción socialista del Gobierno sino los partidos-escolta del PSOE (“bloque de investidura”) los que plantean la reforma bajo los efectos del ataque de contrariedad por el bloqueo del PP. Tienen razón, solo en parte. Es verdad que el PP desatiende un mandato de la Carta Magna al bloquear la renovación. Pero también es un mandato que se haga por tres quintos, y eso es lo que pretenden contravenir quienes defienden rebajar la mayoría de tres quintos (210 escaños) a mayoría absoluta (176).

También es verdad que el bloqueo deteriora la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Pero no más que el absurdo intercambio de pedradas entre Moncloa y Madrid o los desaires del Ejecutivo al Rey. O que un grupo separatista apoye con sus votos la estabilidad del Estado que quiere reventar.

Tampoco se va a desplomar el edificio constitucional porque el CGPJ entre en funciones por falta de renovación. Otras veces ha ocurrido y no se han roto las cuadernas de la nave del Estado.