Prácticas que aún perviven

a entrada en vigor de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, allá por el año 2001 supuso una novedad, ya que, entre otras consideraciones, pretendía agilizar los procedimientos civiles, y por ello incorpora el uso de nuevas tecnologías, como la grabación en soporte audiovisual de los juicios. Ello permitiría revisar las vistas por los intervinientes y sobre todo por el Juez que puede valorar la credibilidad de las declaraciones de partes, testigos o peritos.  

Al eliminar los procedimientos escritos y convertirlos en orales, la mecánica fue más ágil y con ello una mejora en la Administración de Justicia. Y esta Justicia también hizo suyos otros mecanismos de prueba, tales como WhatsApp, mensajes de texto, audios, etc., que pueden ser aportados al procedimiento en cualquier jurisdicción. 

Hemos pasado de las disputas y lesiones de derechos entre individuos de diferentes grupos familiares, donde la venganza privada era la forma habitual de resolverlos al uso de videos, firma digital, o envío telemático.  Claro que entre una cosa y otra median unos dos mil años. 

Han pasado muchos siglos, pero en algún punto, aunque parezca increíble, nos seguimos moviendo en los tiempos del Derecho Romano. La vida romana tenía aspectos que nos resultan familiares. Vivir en una capital con un millón de habitantes, la mayor aglomeración urbana en Occidente hasta el siglo XIX, planteaba problemas que nos resultan conocidos: desde la congestión del tráfico (una ley intentó impedir que circularan vehículos pesados por la ciudad durante el día y, como consecuencia, la noche se llenó de un ruido espantoso), hasta problemas rudimentarios de urbanismo (¿qué altura debía autorizarse para los edificios de pisos, y en qué materiales debían construirse para que no se quemaran en los incendios?). 

Por su parte, los políticos tenían preocupaciones que nos son familiares. Hubo infinitas e inútiles leyes para evitar que los funcionarios se llenaran los bolsillos con dinero público. O sobre el reparto de cereal gratis o subvencionado a los ciudadanos que vivían en la capital. 

¿Era un uso apropiado de los recursos del Estado y un precedente del que enorgullecerse, la primera vez en Occidente que un Estado había decidido garantizar la subsistencia básica a muchos de sus ciudadanos? ¿O era una forma de estimular la holgazanería y una extravagancia que las arcas del Estado no podían permitirse? Nacían los primeros servicios sociales y el discurso es muy similar al actual: ¿estamos a favor o en contra de que quien no tenga recursos cobre una prestación? Cuentan las crónicas que una vez descubrieron a un rico conservador romano haciendo cola para recoger su ración como los pobres, después de haber criticado duramente la medida de reparto, y que, además, no tenía necesidad alguna. 

Cuando le preguntaron el motivo, respondió: “Si habéis decidido repartir las propiedades del Estado, yo no me voy a quedar sin lo que me corresponde”. No es una lógica muy distinta a la del rico actual que reclama su licencia o su bono de transporte gratuitos. 

Claro que la higiene, las enfermedades o el saneamiento inexistente, no tienen nada que ver. La gente se moría de cualquier cosa, los detritus rodaban por los bordes de las aceras y las mujeres morían al parir. Eran más brutos que peinarse con un rastrillo. Pero, hay conversaciones a las que casi podemos incorporarnos como es la libertad o los problemas del sexo. Hay chistes que todavía compartimos, edificios y monumentos que reconocemos y una vida familiar que nos resulta comprensible, con todas sus peleas, sus divorcios y sus adolescentes problemáticos. 

Cualquiera podría empatizar con la desilusión de Cicerón con su hijo Marco en el siglo I a.C., porque, en la Universidad de Atenas, prefería irse de juerga y beber que asistir a clases de filosofía. 
Los romanos fueron los primeros que avanzaron en documentar los procedimientos y reglarlos. Y muchas de aquellas prácticas procesales aún perviven. 

La carrera en el ámbito la Administración de Justicia ha sido larga y dificultosa, y el uso de las nuevas tecnologías, aunque con mucho retraso en relación a otras administraciones, no deja de ser bienvenido. 

Emma González es abogada