EL FRACASO COMO ALTERNATIVA

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La Ley orgánica de Mejora de la calidad educativa (LOMCE) comienza esta semana que entra su periplo parlamentario y quiere hacerlo con cierta diligencia. La idea inicial es que, debidamente aprobada,  la norma salga del Congreso con destino al Senado en los primeros diez días de octubre; que concluya su paso por las Cámaras a finales de noviembre o comienzos de diciembre, y que el calendario para su aplicación empiece a cumplirse  ya el próximo curso.
Después de rechazadas antes del verano las once enmiendas de totalidad, los grupos parlamentarios han presentado un total de 770 enmiendas al articulado. ¿Muchas? Tal vez. Pero su número es lo de menos. Lo malo o lo peor es que no pocas de ellas son, sin más, de supresión.
El Grupo socialista, por ejemplo, ha formulado 101 enmiendas, de las cuales el 81 por ciento –es decir,  prácticamente todas– son de supresión, con el objetivo de  volver al texto de la vigente Ley orgánica de Educación (LOE). Y un poco más de lo mismo puede decirse de las enmiendas de los grupos nacionalistas, encaminadas éstas a blindar los respectivos modelos lingüísticos en curso.  
Así pues, en esta fase de trámite parlamentario se ha vuelto a poner de relieve lo que ya viene siendo habitual desde que comenzó el debate político y social sobre la reforma educativa o la mal llamada “ley Wert”: la ausencia de propuestas constructivas; la ausencia de alternativa.  
O lo que es peor: que la alternativa es mantener los planteamientos de la LOE en vigor. Esto es, que la alternativa es un modelo fracasado cual es el actual.
Habrá que señalar también que en el otro platillo de la balanza parlamentaria el Partido Popular ha presentado 42 enmiendas, encaminadas –unas- a  clarificar algunos pasajes de la futura ley; a incrementar –otras- las exigencias académicas para pasar de curso en Secundaria,  y a responder –unas terceras- a una inquietud que desde los primeros momentos se hizo manifiesta en el seno del PP: dar una mayor “visibilidad” a los principios de libertad de enseñanza y de reconocimiento del papel de los padres como principales responsables de la educación de los hijos, así como del derecho a decidir el tipo de educación y centro docente.   
Con el debate parlamentario como escenario de fondo, el curso escolar  ha dado sus primeros pasos. Un curso que empieza con una ofensiva en toda regla por parte de la llamada “escuela pública” y plataformas afines –es decir, de la izquierda docente– contra la reforma y  la política educativa del Gobierno.
Movilizaciones y paros a granel –y esto es lo peor– que hacen rehenes a los escolares de unas muy determinadas estrategias políticas. Y como ha dicho el ministro Wert, ello es profundamente irresponsable.

EL FRACASO COMO ALTERNATIVA