Mientras el ambiente se sigue caldeando en Cataluña a la espera de que se conozca la sentencia del 1-O, el presidente de la Generalitat sigue recurriendo a las más variadas triquiñuelas para mantener cierto protagonismo. Su último logro ha sido conseguir el aplazamiento del juicio que tiene que afrontar por haberse negado a retirar las pancartas de apoyo a los secesionistas detenidos. Estaba previsto para la próxima semana, pero ahora se celebrará en noviembre, ya que la sala no tiene tiempo material para analizar la recusación contra dos magistrados presentada por la defensa de Torra. Y, al mismo tiempo, mantiene su pulso ya que se niega, tal y como ordenó otro tribunal, a retirar de la fachada de la Generalitat esa misma pancarta que ya le costó la primera vista. Resulta curioso ver como un representante público puede hacer tan poco caso de las decisiones judiciales mientras, a sus ciudadanos, se les exige el cumplimiento de esas normas. Pero ya se sabe, para los independentistas, lo que funciona, es la ley del embudo.