Son muchas las razones para movilizarse contra la violencia de género. Son muchas y obvias. Porque un marido, una pareja, un novio o un amante no tiene derecho ni a maltratar físicamente a su pareja, ni a humillarla o menospreciarla. La violencia contra las mujeres, las agresiones dentro de la pareja o fuera de ella son un delito. Las relaciones de dominación y sometimiento no son compatibles con una sociedad de progreso en los que el respeto al ser humano es uno de los pilares fundamentales.
Podríamos elaborar una larga lista de los motivos que existen para condenar la violencia hacia las mujeres.
A todas esas razones se suma ahora una, más fría e impersonal, despojada de la carga emocional pero cargada del poderoso efecto económico.
Por primera vez en España se publica un estudio que pretende cuantificar el impacto económico de la violencia de género en el PIB (Producto Interno Bruto).
Hasta ahora conocíamos las consecuencias dramáticas de los casos más graves, los asesinatos o de los maltratos de los que se tienen constancia. Ahora podemos tener una idea del coste que ésta supone en nuestra economía.
El estudio se ha llevado a cabo a partir del análisis de la macro encuesta realizada en el año 2015. Las conclusiones del informe de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, son muy llamativas. Los expertos calculan un coste de entre un 0,11 a un 0,76% del PIB.
Dicho en euros, hablamos de una horquilla de entre 1.200 y 8.500 millones de euros al año.
Para ser aún más gráficos, si tenemos que llevar estos datos al bolsillo de cada ciudadano estaríamos hablando de que esta lacra nos cuesta entre 32 y 185 euros al año a cada español. Esta gran diferencia entre las cuantías responde a los tipos de metodologías utilizadas.
En cualquier caso, incluso la pequeña cifra, los 1.200 millones de euros al año, resulta una cifra escalofriante.
Este cálculo, además, solo se lleva a cabo con lo que los expertos denominan costes tangibles, es decir, lo que se puede cuantificar por víctima.
Se entiende por tangible básicamente tres epígrafes: costes laborales, sanitarios y jurídicos. El coste de una víctima sin empleo o en situación de inactividad, los sanitarios, véase los gastos generados por la atención médica y los costes jurídicos: asesoramiento policial y judicial, incluso penitenciario.
Queda fuera todo lo demás. ¿Cómo cuantificar el dolor? ¿Cómo se mide el miedo? Estos “intangibles” no entran en estos costes aunque humanamente sean los más altos y duren a veces una eternidad.
Las estadísticas son siempre frías, más cuando se trata de calcular lo que supone para nuestra economía las millones de veces que se levanta la mano contra una mujer. Aun así, he aquí una nueva y poderosa razón para renovar los compromisos contra la violencia hacia las mujeres.