ARBITRARIEDAD Y JUSTICIA

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La arbitrariedad es considerada, corrientemente, como un atentado contra la justicia, cuando en realidad la arbitrariedad consiste en actuar, justa o injustamente, pero en todo caso fuera y al margen de la ley.
Según lo anterior, si la legalidad es injusta, actuar al margen de ella puede dar lugar a una arbitrariedad justa. En eso se basa el profesor Legaz Lacambra al afirmar que “arbitrariedad no debe confundirse con injusticia. “uede haber actos arbitrarios justos o injustos”. Los primeros –dice– se dan “cuando la negación del Derecho en un caso dado tiene el sentido de establecer una solución más justa para el mismo”.
Pero, con independencia de que la arbitrariedad pueda ser justa o injusta, su irrupción en la vida política, social y económica perturba gravemente la estabilidad y desarrollo de la sociedad.
La arbitrariedad, en todo caso, atenta contra la seguridad jurídica y la certidumbre que debe reinar en las relaciones sociales.
Ser “arbitrario” es, actuar “a su arbitrio”, es decir, según su criterio o “leal saber y entender”. Esta actitud individualiza las decisiones basadas en la experiencia personal de cada uno, lo que resulta socialmente pernicioso dada su naturaleza tornadiza e imprevisible.
La previsión es garantía de seguridad; la imprevisión acentúa el miedo y la desconfianza. Por eso el político debe ser previsor, pero, sobre todo, previsible.
El “no saber a qué atenerse”, propio de la arbitrariedad, introduce en la vida de convivencia tal grado de desorientación, incertidumbre e inseguridad que impide toda iniciativa y aborta cualquier programa o proyecto de actuaciones futuras.
Si lo que vale para un día, puede no valer para el siguiente y si las reglas del juego se cambian a mitad del partido, nadie se decidirá a invertir o participar.
El principal peligro de la arbitrariedad es la inestabilidad que produce y el riesgo que supone para los derechos y libertades del ciudadano.
Precisamente, para evitar los abusos de la arbitrariedad y el absolutismo del poder, nació a principios del siglo XIX lo que podría llamarse “el fetichismo de la ley”. En efecto, a partir del Código de Napoleón de 1804 se desarrollo el movimiento codificador con el fin de dar fijeza y certeza a los derechos y libertades del ciudadano, asegurando su reconocimiento, aplicación y protección.
Concluyendo, puede afirmarse que el imperio de la ley, por encima incluso del poder, fue la gran conquista de la democracia y de los derechos y libertades del ciudadano.

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