Inmunidad, pero no impunidad parlamentaria

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La inmunidad parlamentaria se reduce estrictamente al ámbito penal. En ese sentido el artículo 71.2 de la Constitución establece que los diputados y senadores, durante su mandato, sólo podrán ser detenidos en casos de “flagrante delito” y no podrán ser inculpados ni procesados “sin previa autorización” de la Cámara respectiva. De acuerdo con dicho precepto, dos son los supuestos que contempla y que es preciso distinguir. En cuanto al primero, es obvio que en caso de “flagrante delito” puede el parlamentario ser detenido como cualquier otro ciudadano, sin que en éste sentido ofrezca singularidad alguna; en el segundo, es donde, a nuestro juicio, se establece la verdadera prerrogativa parlamentaria de la inmunidad, que es la de no poder ser “inculpado ni procesado” sin “previa autorización de la Cámara respectiva”.
El anterior requisito se cumple mediante el llamado “suplicatorio” o comunicación que la autoridad judicial, Tribunal Supremo, dirige al presidente de la Cámara para que ésta decida si concede o no la autorización solicitada. En la práctica existe un acuerdo tácito por el que todos los suplicatorios que llegan a las Cortes Generales se autorizan.
En todo caso y con el fin de que la inmunidad no se convierta en impunidad, es acertada la jurisprudencia constitucional, al establecer que la denegación de un suplicatorio debe ser motivada por la Cámara. Con dicha exigencia, se impide la posibilidad del silencio negativo y se evita cualquier decisión discrecional o arbitraria. En una palabra, se reduce notablemente el margen de apreciación por parte de las Cámaras.
Asimismo, la condición de aforado de los parlamentarios, siempre que éstos no renuncien a ella, atribuye el conocimiento de sus causas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Precisamente, este fuero especial es el que tienen en cuenta, muchas veces, los parlamentarios para no renunciar a su condición de aforados y someterse al Tribunal Supremo y no a los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Todo ello, sin tener en cuenta que, dada la naturaleza temporal de la inmunidad que se limita al período de su mandato, la pérdida del escaño o la renuncia al mismo, determinan el cese automático de dicha inmunidad.
En conclusión, la inmunidad no es un derecho personal, sino que es inherente a la condición de parlamentario; su duración es temporal, pues sólo se tiene durante el tiempo que se es miembro de las Cortes; se refiere exclusivamente al ámbito penal y los parlamentarios sólo pueden ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en única instancia, es decir, sin apelación.

Inmunidad, pero no impunidad parlamentaria