MOVERSE EN EL TERRENO DE LA PENUMBRA

Aestas alturas de la partida uno ya no sabe si es más triste enterarse por unas escuchas telefónicas de que el panorama político gallego está lleno de “supuestos” chorizos, o de las miserias que esas escuchas sacan a la luz.
Los ciudadanos asisten impávidos a la avalancha de corruptelas que surgen a raíz de las concesiones municipales y muchos se preguntarán como es posible que un sistema organizado para garantizar la limpieza de los procesos se puede corromper hasta esos niveles en los que los concursos se hacen a medida del solicitante amigo.
En un país en el que el dinero viaja en botes de pintura o un simple Rolex es capaz de comprar voluntades solo cabe preguntarse qué espacio queda para la ética de quien, libremente, decide dedicarse a la política.
Porque si es cierto que el hecho de que un cargo público pida trabajo para una hermana, una hija, una sobrina o un amigo no es delito, dar al día siguiente una rueda de prensa glosando las excelencias de la empresa a la que se le pide el favor, aunque legal, es cuando menos poco estético.
Del mismo modo, pactar con un sindicato el mejor modo de despedir a unos trabajadores tampoco es ilegal, pero a todo el mundo se le ocurren cinco o seis modos de definirlo que es mejor no reproducir.
Que la crisis es dura es una evidencia de la que pueden dar constancia los cinco millones de parados, sus familias o sus amigos, pero como al parecer sucede a la hora de adjudicar una contrata, a quien no tiene un padrino se le hurta eso que tanto se pregona de la igualdad de oportunidades. En vista de la generalización de estas prácticas, tal vez lo mejor es que se conceda la gestión del Inem a una de estas empresas, ya que, en la práctica, funcionan como una auténtica oficina de colocación en la sombra.
Y lo peor es que nadie nos puede quitar la duda de pensar en los que sucedería en este país si no hubiera sido solo una empresa sobre la que se realizó el seguimiento judicial.
Pone los pelos de punta imaginar la dimensión que a estas alturas podría tener la operación judicial si la magistrada De Lara hubiera decidido escuchar los teléfonos móviles de todos los responsables de empresas que tengan contratos con la administración.
Es de suponer que ninguno de los padres de la patria estará mínimamente interesado en buscar el modo de articular una ley que impida de una vez por todas estas prácticas. En este terreno, como en otros muchos, la opacidad se convierte en parte de su poder. Porque no podemos olvidar que en el terreno de penumbras se mueven cuestiones tan peligudas como la financiación de los partidos o el patrimonio de diputados, senadores y demás miembros de la casta de los servidores públicos o su peculiar régimen de incompatibildades. Una penumbra sobre la que nadie quiere arrojar la más mínima luz.