REFORMAS Y PERSONAS

Uno de los rasgos que mejor define al espacio del centro es el de la reforma permanente, el llamado reformismo. En efecto, en este concepto se encuentran conjugados una serie de valores, de convicciones, de presupuestos, que permiten delimitar con precisión las exigencias de una política que quiera considerarse centrada, o de centro. Ordinariamente, las políticas de centro son en sí mismas políticas reformistas porque buscan fundamentalmente la mejora de las condiciones de vida de las personas a partir de la mentalidad abierta, la metodología del entendimiento y la sensibilidad desde la realidad y con la racionalidad.
En efecto, reformismo implica en primer lugar una actitud de apertura a la realidad y de aceptación de sus condiciones. A partir de esta base, las políticas reformistas se caracterizan por la mejora constante de la realidad de manera que tal posición repercuta en un mayor bienestar y calidad de vida para todos los ciudadanos. Reforma y eficacia, pues, van de la mano pues no es concebible desde el centro la reforma que no implique resultados para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes.
El reformismo va de la mano de  políticas de integración y de cooperación  que reclaman y posibilitan la participación de los ciudadanos singulares, de las asociaciones y de las instituciones, de tal forma que el éxito de la gestión pública debe ser ante todo y sobre todo un éxito de liderazgo, de coordinación, o dicho de otro modo, un éxito de los ciudadanos. Estos días hemos tenido ocasión de leer en los medios de comunicación que la reforma del sistema fiscal y tributario se hacía al servicio de la modernización de la economía española. Sin embargo, las reformas se deben hacer pensando en las personas, en las personas concretas, en las  mayores cotas de calidad de vida para los ciudadanos. Si además, ayudan a mejorar la economía española, mejor.
El reformismo, bien distinto del inmovilismo y la revolución, aún aceptando la riqueza de lo recibido, no entraña una plena conformidad, de ahí que desee mejorarlo efectivamente haciendo cambios que representen o conduzcan a una mejora auténtica –por consiguiente, a una reforma real- de las estructuras sociales, o dicho en otros términos, a una mayor libertad, solidaridad y participación de los ciudadanos. Las reformas no se hacen primordialmente para la modernización de las estructuras, se hacen, se deben hacer al servicio de la libertad solidaria de las personas. Sin una política reformista no mejora las condiciones de vida de los ciudadanos, no es, desde luego, una política moderada, centrista, será una política tecnoestructural, en un sentido o en otro.
Ante los graves problemas sociales, políticos y económicos del momento, las reformas son necesarias. Pero reformas que demuestren que las cosas cambian. No puede ser que, por ejemplo, partidos políticos, sindicatos y patronales sean inmunes a los cambios. No puede ser que las estructuras políticas y administrativas de las Autonomías permanezcan como si nada hubiera acontecido. No puede ser que las subvenciones continúen instaladas en la irracionalidad. Las reformas que espera la población no son difíciles de intuir,  son reformas pensando en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, no reformas al servicio de la tecnoestructura, sea política, financiera, mediática o cultural... El pueblo se lo merece.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo