Una de las funciones más importante de la Administración pública en este tiempo es la de supervisión y vigilancia de las actividades consideradas de interés general. Por ejemplo, en materia financiera, las entidades son inspeccionadas periódicamente por el regulador, por el Banco de España. Las actividades empresariales, desde la perspectiva de las condiciones del trabajo, son objeto de la vigilancia de la inspección del ministerio de trabajo. La seguridad aérea debe ser comprobada y verificada por la agencia de seguridad del ramo. Es decir, en todas aquellas actividades en las que es posible la aparición de riesgos que podrían afectar a las condiciones de vida de las personas, la actividad de supervisión y vigilancia se antoja capital.
En materia de salud pública, la existencia de la función de inspección, de vigilancia y de supervisión de los protocolos y procedimientos de seguridad es vital para la calidad de la salud de la población. Por eso, ahora que estamos inmersos en una crisis sanitaria, y observamos lo que acontece, la pregunta acerca de la idoneidad de esta actividad supervisora es pertinente y en su momento, cuando termine el problema, deberá ser objeto de una evaluación y auditoria rigurosa por personal realmente independiente.
Por lo que vamos sabiendo, entre las causas de la crisis económica y financiera, se encuentra, en un lugar muy destacado, la responsabilidad “in vigilando” de las agencias reguladoras y de los entes estatales encargados de la supervisión de estas actividades. En unos casos miraron a otro lado, en otros colaboraron activamente a la perpetración de las tropelías de todos conocidas. Es decir, la función de supervisión, de vigilancia, de control, tan relevante desde tantos de vista para el correcto funcionamiento del mercado de valores, para la actividad financiera, para que el mercado discurra por parámetros de racionalidad y objetividad, está siendo hoy objeto de revisión y de riguroso análisis.
La venta del Popular al Santander por cero euros de la noche a la mañana causa asombro entre propios y extraños y plantea muchos interrogantes. ¿Cómo es posible que una entidad que no hace mucho valía varios miles de millones de euros de repente se valora en 0 ceros?. ¿Por qué se eligió la medida más drástica de las posibles?. ¿Por qué en otros países europeos hay instituciones financieras en situaciones análogas que continúan su andadura?. ¿Por qué en otros casos similares el presupuesto público ha actuado?. La supervisión, desde luego, no parece que se haya brillado por su presencia.