Subsidiaridad y solidaridad

La subsidiariedad y la solidaridad dos de los principios centrales que deben presidir la vida política de los pueblos. La subsidiariedad supone, como es bien sabido, reservar un espacio bien amplio para la acción social de los representantes legítimos del dinamismo vital surgido de las energías e iniciativas de la gente. Más que un límite a la acción de los gobiernos, es un ámbito reservado a la acción de los ciudadanos. Si se quiere, enunciado en términos clásicos, el principio de subsidiariedad establece que el Estado no debe sustituir a los ciudadanos en lo que, de modo individual o de forma asociada, pueden hacer por sí mismos, sino que, más bien, su función es ayudarles en esta tarea..
El Estado no debe contemplar pasivamente la puesta en marcha de las iniciativas ciudadanas que repercuten favorablemente en el interés general. Debe facilitarlas; es más, debe, de acuerdo con la cláusula del transformación del Estado, generar las condiciones para el protagonismo real de la gente. En otras palabras, el Estado está al servicio de la persona, para lo que debe reconocer la primacía del ser humano y la inviolabilidad de su dignidad. La subsidiariedad, aunque sea un principio antiguo, cobra hoy una especial importancia en la medida en que todavía estamos, en parte, bajo el yugo de un tecnosistema que se agarra a la razón técnica como a su tabla de salvación para no perder el poder. Pero el poder, tarde o temprano, volverá a la gente, volverá a fundamentarse en la libertad concertada de los ciudadanos. El problema es que tal proceso probablemente pase por la instauración de esos populismos que ha alimentado la primacía de la tecnoestructura dominante, que se ha encaramado al poder buscando, única y exclusivamente, su propio beneficio en perjuicio de millones y millones de personas, a las que se administra como si fueran menores de edad, gente sin criterio.
La subsidiariedad es muy importante para construir un nuevo Estado apoyado en la razón humana y abierta porque así se potenciará la libertad y el derecho de iniciativa y, por tanto, la responsabilidad personal de los individuos en la vida social. Y aquí entra en juego la solidaridad; que no es un vago sentimiento de compasión ante los males que aquejan a un sinfín de personas, sino que es el compromiso sólido y constante con el bienestar general de los ciudadanos. Es una determinación fuerte que implica la toma de conciencia del otro y, por ello, supone la terminación de ese sueño en el que nos ha sumido ese despotismo blando que imperceptiblemente va insensibilizando la conciencia social de las personas para que se replieguen sobre si mismas en el santuario de la intimidad y, así, de esta forma, dejen las manos libres a esa tecnoestructura que solo desea colocarse en la cúpula a base del monopolio de la razón técnica. A diario lo comprobamos, a diario lo sufrimos.
El autor es catedrático de Derecho Administrativo