ucho se ha hablado y escrito sobre la llamada crisis del Estado del bienestar y sobre la emergencia de la sociedad del bienestar. El diseño y ejecución del Estado del bienestar, especialmente en su versión estática,  ha fracasado como intento de mejora de la calidad del bienestar general de los individuos pues se ancló en un tecnosistema estático y cerrado que no fue capaz de activar la fuerza de las iniciativas sociales. Más bien, las aherrojó, las dominó, en un intento de situar en la cúpula a esa tecnocracia y burocracia que todavía hoy se resiste a abandonar numerosos privilegios y prerrogativas de difícil justificación. Sin embargo, en su definición, el Estado del bienestar, debe reconocerse, trajo algo positivo: una mayor sensibilidad frente a los problemas y conflictos sociales. 
La pasada por el intervencionismo, hoy en su apogeo ante la pandemia que estamos sufriendo, está minando las pocas terminales sociales genuinas que operan con criterios de bien social y no de dependencia política. Hoy, más que transferencias entre poderes públicos, lo que habría que hacer es potenciar las comunidades sociales que aportan al interés general y despolitizar una realidad  que está secuestrada por una política que intenta controlarlo todo, y, sobre todo, por los presupuestos públicos. La emergencia del covid muestra con toda crudeza la orquestada operación de manipulación y control social que se intenta realizar en el menor tiempo posible.
En este contexto de crisis sin precedente, precisamos que aflore lo que algunos denominan sociedad del bienestar, desde la que se despierten esas energías latentes en la sociedad procedentes del dinamismo vital que surge del mundo real, de la vida misma, de la cotidianeidad espontánea. Ahora en plena crisis, en lugar de caer en manos de la tecnoestructura reinante debiéramos caminar hacia  la activación de redes de solidaridades primarias y secundarias, para dotarlas de medios y competencias que hagan capaces de atender a indigentes, discapacitados, huérfanos o ancianos de una manera más humana. 
En esta situaciones, los poderes públicos deben facilitar que la sociedad participe en la humanización de la atención a los marginados y excluidos. Se trata, nada menos que dar cumplimiento real al artíulo 9.2 de la Constitución de 1978, que manda, como es bien sabido, promover las condiciones para la efectividad de la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran. Sin embargo, el tiempo es corto, la dominación colosal, y el temple cívico y la resistencia moral  me temo que escasos.