Los valores constitucionales (y II)

Respetar la ley, la ley democrática, emanada del pueblo y establecida para hacer realidad aquellos grandes principios, es respetar la dignidad de las personas, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de sus existencias personales y en sociedad.

El Estado de Derecho, el principio de legalidad así entendido, el imperio de la ley como expresión de la voluntad general, deben, pues, enmarcarse en el contexto de otros principios superiores que le dan sentido, que le proporcionan su adecuado alcance constitucional. No hacerlo así supondría caer en una interpretación mecánica y ordenancista del sistema jurídico y político, privando a la ley de su capacidad promotora de la dignidad del ciudadano. Y una ley que en su aplicación no respetara ni promoviera la condición humana –en todas sus dimensiones- de cada ciudadano, sería una norma desprovista de su principal valor.

En el tercer inciso del preámbulo de la Constitución se plantea la cuestión de los derechos humanos y el reconocimiento de la identidad política y cultural de los pueblos de España, al señalar la necesidad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones”.

El juego y la relación entre el principio de unidad y el de autonomía, reconocidos constitucionalmente, producen lógicas tensiones que deben superarse precisamente a partir del equilibrio dinámico en que se concreta la esencia del modelo autonómico. Ante estas tensiones es necesario el sentido común y al acuerdo como metodología para el desarrollo constitucional.

Hoy, estos valores son importantes, no tanto para recodarlos, que también, sino para comprometerse en su realización cotidiana. No es ningún secreto que en este tiempo de prueba se está vaciando de contenido el Estado de Derecho: se impide el ejercicio de derechos fundamentales por quien tiene la obligación de promoverlos, se niega la transparencia, se usan los fondos públicos como si fueran fondos privados, se persigue al disidente y se somete a la población a una colosal y completa dominación y manipulación sin precedentes.

La pena es tener que soportar uno de los períodos más negros y oscuros de nuestra historia fiados a lo que Europa y a la independencia judicial puedan hacer, cuando nosotros mismos, nuestro coraje cívico, pensamiento crítico y temple moral deberían revertir la situación defendiendo sin complejos los valores constitucionales en el espacio público.