El debate presupuestario centra la actualidad política, una vez enviado el proyecto a Bruselas y a la espera de contar con sus bendiciones. “O la Unión Europea tumba estos Presupuestos Gnerelaes del Estado o estos Presupuestos Gnerelaes del Estado tumban a España”, es el catastrofista sermón de Pablo Casado, el líder de la principal fuerza política competidora con el Gobierno socialista en la lucha por el poder.
No se detiene el Partido Popular en desplegar su lógica neoliberal sobre unas cuentas públicas cocinadas por la izquierda (PSOE-Podemos) en nombre de una lógica socialdemócrata. Además, echa leña al fuego del acalorado debate a causa de los incómodos compañeros de viaje de Pedro Sánchez, populistas de Podemos y nacionalistas catalanes, pilares parlamentarios que hacen posible la continuidad del Gobierno socialista.
Un Gobierno que, dice Casado, funciona con dos vicepresidentes: Torra e Iglesias. Aunque el argumento es venenoso galopa sobre un extendido estado de opinión, según el cual Sánchez paga un precio demasiado alto por el apoyo que esas dos fuerzas políticas le prestaron para hacerle ganador en la moción de censura contra Rajoy hace cuatro meses.
Es imprudente el discurso de Casado en ese punto. Nada tiene de raro que dos partidos de izquierdas, como el PSOE y Podemos, se reconozcan en una apuesta por el Estado del Bienestar, expansiva “ma non tropo”, tras los ajustes salariales (reforma laboral) y los recortes decretados durante los siete años de reinado del Partido Popular en capítulos tan “sociales” como educación, sanidad, dependencia, paro, desigualdad, pobreza infantil, etcétera.
Es muy lógico, amén de saludable, justo y necesario para mejorar la vida de los españoles más desfavorecidos en la escala social, aumentos del gasto social para combatir la pobreza, mejorar el acceso a la vivienda, la enseñanza superior, el subsidio de parados mayores de 52 años, servicios de dependencia, etc.
En todo caso, los escollos pueden aparecer en la actuación de los otros costaleros parlamentarios de Sánchez. Me refiero al independentismo catalán, representado en el Congreso por 17 escaños (exconvergentes de Puigdemont y republicanos de Junqueras). Entienden que la autodeterminación y la exculpación de sus dirigentes fugados o encarcelados es más importante que blindar el Estado de Bienestar. Y esas dos exigencias cursan como condiciones para el voto favorable de los 17 diputados al proyecto de PGE de 2019 pactado por el Gobierno con Podemos. Lo cual deriva en una duda tóxica. La de saber si un eventual apoyo del nacionalismo significaría que el Gobierno de Sánchez habría atendido sus exigencias.
¿Cuánto tiempo tardarían el PP y Ciudadanos en volver a hablar de hipotecas y pactos secretos supuestamente contraídos por Sánchez? La pregunta no puede ser más inquietante