ún cansados del desencuentro al que nos han llevado nuestros políticos, es difícil obviar la lamentable situación en que nos encontramos, que de nuevo aflora con el proceso judicial de los “progresistas y democráticos” independentistas.
Hartos de escuchar la descarada manipulación de todo lo que cae a su alcance; hasta la razón de la muerte de Sócrates, convenientemente aclarada por el conocido columnista Pérez Reverte en uno de sus artículos.
Hastiados de escuchar que “amo a España” y que el intento independentista es pacífico. Cansados de ver acosos a políticos constitucionalistas, descalificaciones, agresiones y escraches a líderes, periodistas, jueces e incluso instituciones públicas de rango nacional y europeo, sencillamente por el hecho de pensar diferente. 
Intentan una vez más manipular la historia con respecto a personajes como Luis Companys o las “pacificas” acciones de las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, fundadas en 1931 por José Dencás y Miquel Badía. 
El independentismo, no fue, no es y jamás será pacifico debido a que no le asiste la razón y una minoría trata de imponerse a la mayoría.
Siempre se ha dicho que es muy difícil explicar lo obvio y en estos momentos se demuestra una vez más.
Artículos atrás me comentaban, espero que con inocente desconocimiento de la realidad, que el derecho a decidir no puede ser perseguido penalmente; como ejemplos los casos -que en nada tienen que ver con nuestra situación- de Escocia, Nueva Caledonia y Quebec, Canadá.
Aunque insistan en lo contrario –no hay peor ciego que el que no quiere ver– en este país, con una democracia modélica –no vamos de nuevo a mencionar las organizaciones que así lo afirman– todo el mundo puede opinar libremente. Declararse independentista, como así lo hacen personajes de todos conocidos, incluso descalificando al resto de los españoles y difamando al Estado, no implica entrar en prisión. En la cárcel están los que han pasado de las palabras a los hechos que el Poder Judicial ha considerado posibles delitos.
El que quiera puede votar por medios legales la separación de un territorio, para lo cual, primero tendrá que cambiar la Constitución. Proceso que a los independentistas les queda grande y se les va de las manos precisamente porque son minorías. 
Nueva Caledonia, colonia francesa, es uno de los diecisiete territorios con derecho a la independencia incluidos en la lista del Comité Especial de Descolonización de la ONU. Absolutamente nada que ver con una región de un estado europeo. Este derecho lo ejercen las capas más pobres de su estatus social; en Cataluña, las demandas tienen su origen en una oligarquía de nivel económico alto, salpicada de variados casos de corrupción y prevaricación. 
El reino de Escocia fue independiente hasta su unión en 1.707, con Inglaterra, Gales e Irlanda, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Lógico que tenga todo el derecho a plantear su separación, nada que ver con nuestra historia. Por cierto, recordemos que Inglaterra invadió Irlanda. No hace tanto tiempo, su líder Tony Blair, mantenía en el Norte, cuarenta y cinco mil soldados ¡sí el Ejercito, no la Policía! para controlar su “pacifica convivencia” democracia donde las haya.
En Canadá, tampoco nada que ver con nuestra historia, ex colonia francesa e inglesa –el origen del problema– también cansados de referéndums que no pararían hasta obtener un mínimo resultado favorable al divorcio, su Corte Suprema estableció la “Ley de Claridad”.
Una ley que establece que no es suficiente una mayoría para demandar la independencia. Además garantiza el derecho a que determinadas partes de ese territorio quieran continuar en el Estado o separarse de los que la han pedido. ¿Respetarían los independentistas que el Valle de Aran y “Tabarnia” quisieran a su vez separarse o continuar con el resto de España? No es necesario recordar en donde está la riqueza, desarrollo y mayoría de habitantes de Cataluña.
Vivimos una situación en la que el veintisiete por ciento de la población, dos millones dando por buenas sus cifras, pretenden imponerse a los cinco y medio restantes de la región y a los otros cuarenta y cuatro y medio del resto de ciudadanos del país.
Se puede objetar que en las elecciones la abstención y los menores no cuentan, cierto, pero se convocan legalmente para elegir el poder ejecutivo y legislativo durante cuatro años, no para llevar a cabo una secesión ilegal y rechazada por una inmensa mayoría. Tergiversa, miente; algo queda.