EL CASO RELÁMPAGO

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Compartían mesa un grupo de coruñeses el sábado pasado y comentaban indignados que aquella boutade de una ministra “el dinero público no es de nadie” se está haciendo ahora realidad en A Coruña por el pago multimillonario de 8,16 millones de euros al que debe hacer frente el ayuntamiento para indemnizar a los propietarios expropiados en el barrio de Someso en 1989.

Aquel año el ayuntamiento expropió fincas pagando 35 euros el metro cuadrado con la finalidad “social” de construir un campo de fútbol para un club modesto de barrio y un tiempo después, aprovechando el boon inmobiliario, cambió el uso y recalificó los terrenos abriendo así una macro operación urbanística para la construcción de edificios de oficinas, viviendas de postín y un gran centro comercial. La recalificación de los 20.000 metros generó unas plusvalías para las arcas municipales de un 2.300 por cien y a saber cuales fueron las ganancias de las empresas y promotores favorecidos con esta operación.

El caso Relámpago es la más grande indemnización urbanística en la historia de A Coruña, que será mayor aún si prosperan otras 14 reclamaciones en curso

Pero la justicia “no siempre es un cachondeo” y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sentenció a favor de los expropiados que serán indemnizados en cuatro plazos, el primero de los cuales debió producirse el pasado día 31 de enero, aunque el comentarista no pudo confirmar este extremo por la opacidad del propio concello coruñés que, una vez más, da la callada por respuesta a las demandas de información solicitadas educadamente.

Parece que estamos ante la más grande indemnización urbanística en la historia de A Coruña, que será mayor aún si prosperan otras 14 reclamaciones en curso. Es la consecuencia de la arrogancia del poder que, amparado en la mayoría absoluta, acomete actuaciones contrarias a la legalidad que acaban pagando todos los coruñeses con sus impuestos. Nada sucede por casualidad sino porque existen responsabilidades y el caso Relámpago es un ejemplo de libro de gobernantes irresponsables que o bien se fueron de rositas y aún persisten en seguir dando lecciones a la población.

Hace pocos días decía la vicepresidenta del Gobierno que “aquellos administradores que irresponsablemente causen perjuicios, aquellos que hipotequen el futuro de las generaciones siguientes con una gestión deficiente habrán de responder ante los ciudadanos y, si es necesario, ante la justicia”. Por su parte, la Defensora del Pueblo dijo la semana pasada que “si una persona no sabe gestionar el dinero público debe quedar inhabilitada ya que el pagano siempre es el pueblo”. Dicho por dos voces autorizadas. A ver si se cumple.

 

EL CASO RELÁMPAGO