Después de once meses de juicio y otro año más para redactar la resolución, por fin la Justicia, en este caso la Audiencia de Álava, ha dictado sentencia sobre unos hechos ocurridos entre 2005 y 2009; esto es, sobre la mayor trama de corrupción vinculada al Partido Nacionalista Vasco. 

El tribunal ha entendido probado que un alto cargo de la Diputación foral alavesa y miembro en aquella época del máximo órgano de dirección del PNV coordinaba una red para cobrar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos. 

El hoy presidente autonómico vasco, Íñigo Urkullu, era entonces el máximo responsable del partido. Y ha salido estos días a la palestra con rostro compungido para reprobar los hechos, pero al tiempo para desmarcarse de los mismos bajo el argumento de que se trataba de actuaciones particulares y aisladas, en ningún caso –insistía– vinculadas al PNV.   Pide perdón y, a otra cosa.

De todas formas, ninguna tribuna le ha recordado la al menos responsabilidad “in vigilando” que al propio partido y a él mismo les correspondía, máxime cuando se trataba de una trama operativa a lo largo de cuatro años. 

No resulta, por otra parte,  coherente que apoyara la moción de censura contra Rajoy por aquello de  la Gürtel,  cuando muy poco después se han sentado en el banquillo por corrupción nada menos que una treintena de personas asociadas al nacionalismo vasco. 

El tema, sin embargo, no ha durado más de un día en las páginas de los periódicos, programas de radio y tertulias varias. Nada nuevo,  porque ya viene siendo habitual esa doble vara de medir y la asimetría que el sistema político y buena parte del mediático aplican a los casos de corrupción: insistencia a tope con el Partido Popular y olvido rápido para cuando izquierda y nacionalismos se ven señalados. 

No hace falta ir muy lejos para recordar cómo los EREs socialistas se han despachado con dos jornadas mediáticas, al igual que el caso de Podemos con los pagos en B o la reforma de su sede. Las cajas B parecen sólo funcionar cuando Esperanza Aguirre anda por las inmediaciones. 

Y nada digamos del caso del PSOE asturiano, donde cinco altos cargos han sumado condenas de 27 años de cárcel por distraer fondos de la Consejería de Educación a base de contratos apañados o ficticios. Relevancia cero en los medios y en el debate político.

Así las cosas, gran parte de la opinión pública tiene en buena medida asumida la idea de que en España sólo hay un partido corrupto: el Partido Popular. Los demás parecen política y mediáticamente amnistiados. No tienen responsabilidad de nada. Son cosas –dicen– del pasado. Piden perdón y asunto concluido. No hay más que añadir, como dijo Pedro Sánchez quince días después de la sentencia de los EREs falsos en su Andalucía socialista.