La deuda pública sigue creciendo

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La deuda pública acumulada del reino de España, a día de hoy, alcanza ya el 98.4% del PIB. Es decir, la deuda supera ya la mítica cifra del billón de euros. Una deuda que en buena medida repercutirá, y de qué manera, sobre las condiciones de vida de millones de españoles que dentro de unos años deberán afrontar sin quererlo ni beberlo. Todo porque un grupo de personas, por supuesto sin consulta alguna al pueblo, han decidido espetar semejante cantidad de dinero a las nuevas generaciones. Todo por mantener un conjunto de estructuras políticas y administrativas tan superfluas como agencias de colocación de afines y adeptos a la causa partidaria.
En este sentido, ahora es ya un tópico,  se constata que el modelo autonómico se orientó hacia la lógica estatal y replicó, institución a institución, la estructura del Estado- Nación, batiendo, a los pocos años, todos los récords habidos y por haber. Y no es que el modelo autonómico sea un mal esquema. Todo lo contrario, es una gran solución para la realidad plural y diversa de España. El problema es que las instituciones de autogobierno, en lugar de adecuarse a los intereses públicos propios de cada Autonomía, han discurrido, en términos generales, por los derroteros de la ineficiencia y en tantas ocasiones por la senda del despilfarro con el fin de dar cobijo, si era de por vida mejor, a afines y adeptos a la causa, fuera esta de uno u otro color político. Construimos un árbol tan frondoso y le salieron tantas ramas que al final no se veía, ni se ve, el bosque. Tantas y tantas estructuras  públicas acabaron por complicar todavía más la maraña administrativa que tanto se criticaba del modelo anterior. Es más, el entramado de entes, órganos, sociedades, agencias y empresas públicas es tan frondoso que no es capaz ya de atender como cabría esperar a los ciudadanos porque se ha utilizado a las personas como expediente para un crecimiento exponencial de organismos.
Las cosas deben cambiar, y mucho, en todos los sentidos. No se trata de reformas puntuales o parciales. Si queremos legar a las nuevas generaciones un futuro esperanzador, es menester trabajar sobre las causas de tan profundo desaguisado. Y eso exige, qué le vamos a hacer, un drástico e inédito recorte de las estructuras públicas para redefinirlas en función de las verdaderas necesidades generales de los ciudadanos. No se trata, ni mucho menos, de acabar con las Autonomías. Más bien, se trata de reforzarlas  diseñando entre todos  un nuevo esquema organizativo público del Estado y de los Entes autonómicos en función de las necesidades de las personas, no de las apetencias de poder y supervivencia de esa legión de adeptos y afines que viven, algunos opíparamente, del presupuesto público, mientras tantos españoles ven cada mes como empeoran sus condiciones de vida.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de derecho administrativo. jra@udc.es

 

La deuda pública sigue creciendo