Defensa, civil, de la Constitución

No hay un Poder Militar en la Constitución, como sí lo hay Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero eso no impide que los militares puedan expresarse sobre asuntos de interés nacional. No hay posibilidad de que los militares sientan, siquiera, la tentación de actuar en la vida pública si no es subordinados al Gobierno o de forma individual en la vida política. Las Fuerzas Armadas, dice el artículo 8 de la Constitución, “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Juzgar si los recientes pronunciamientos de algunos militares se han hecho siguiendo las indicaciones de un partido político es un juicio de intenciones que habrá que demostrar.

En todo caso, en este 42 aniversario de la Constitución más democrática, de mayor consenso y que más libertades, prosperidad económica y seguridad jurídica ha aportado en toda la historia de España, hay tantas sombras como luces. Y, lamentablemente, muchas de estas sombras se proyectan desde una parte del Gobierno con el silencio del resto. Los apoyos a los Presupuestos por parte de quienes rechazan permanecer en España y tienen como objetivo crear una república vasca o catalana; la falta de respeto, por decirlo con suavidad, del vicepresidente del Gobierno al jefe del Estado y a la Corona, que prometió defender; los intentos de controlar el Poder Judicial, incluso pese a los avisos y a los reproches de Europa; esa afirmación de la vicepresidenta Calvo de resaltar “el patriotismo de ERC, PdeCAT y Bildu” frente a los que han votado en contra; esa voluntad declarada de Pablo Iglesias de llevar a los herederos de ETA, no arrepentidos de lo que hicieron, “a la dirección del Estado”; la reforma del delito de sedición o esa petición de una inmediata ley de amnistía, imposible en la legislación española, para los políticos catalanes presos por violar las leyes no por defender ideas, son una forma casi obscena de afrontar la realidad.

Es cierto que la Constitución necesita reformas porque muchos de los problemas actuales no existían hace cuarenta años y algunos artículos necesitan retoques. Pero sigue siendo un instrumento vivo, útil, merecedor de respeto y con posibilidades de interpretación inteligente. Son algunos políticos los que tienen como objetivo acabar con este texto legal para así abrir el debate de la forma del Estado. Y, además, pretenden hacerlo sin el consenso necesario. La presidenta del Congreso ha dicho que la Constitución es inclusiva e integradora, punto de encuentro y no de confrontación. Así debe ser. Es el Gobierno el primero que tiene que empujar en esa dirección y es la sociedad civil la que tiene que alzar la voz para que volvamos al espíritu de lealtad, de concordia y de consenso de la Constitución de todos nosotros.