El Tarajal y la justicia como coartada

“Los inmigrantes no eran personas en peligro en el mar que precisasen ayuda (...) Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil”, párrafo extraído del auto de la jueza y que forma parte del argumentario por el que exculpa a 16 guardias civiles imputados por la muerte de 15 inmigrantes en la playa del Tarajal, el 6 de febrero de 2014. La magistrada concluye que los agentes de la Guardia Civil emplearon el material antidisturbios “con efecto disuasorio” y afirma que “no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material”. Incluso, en delirio judicial, pone en duda la identidad de los cadáveres y su presencia en aquellos sucesos. Las posibles irregularidades las traslada, “en caliente”, al lado marroquí.
Mientras el capitán imputado manifestó “que se cumplió el protocolo”, la magistrada, dictamina y ampara los hechos “ante la falta de protocolo”. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se vio obligado a admitir que los agentes habían disparado bolas de goma y botes de humo “al aire”. Posteriormente, en sede parlamentaria, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tuvo que admitir que se dispararon al agua y que había sido un error. La vergüenza se instaló entre los ciudadanos y provocó alarma social, protestas por parte de ONG, e incluso de la Defensora del Pueblo. La Comisión Europea envió una queja formal al Estado Español por los hechos acaecidos.
Un país moderno prioriza el cumplimiento del Estado de Derecho, por el contrario, en El Tarajal, los derechos humanos fueron sometidos a estrés con resultados de ahogamiento, el Estado entró en derrota y la jueza encargada de hacer cumplir las leyes se convirtió en corresponsable, por parcialidad manifiesta, poniendo su independencia al servicio de las fuerzas de Seguridad del Estado. Los supervivientes relataron que: “el pánico por los disparos provocó que se ahogaran”. La jueza, en su auto, retuerce verdades y en un acto jurídico vergonzoso, califica los hechos como: “testimonios confusos, vagos e imprecisos, contradictorios entre sí y en relación con la autopsia”. Todos los supervivientes fueron devueltos “en caliente”, acto ilegal según las Naciones Unidas y la Unión Europea, incumpliendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra.
El 26 de marzo de 2015 pasará a la historia como el día en que los españoles perdimos parte de nuestra libertad. La ley mordaza supuso un profundo recorte de los derechos y libertades de los ciudadanos y también ha nacido para legalizar las devoluciones en caliente. Algún cavernario narrará aquellos hechos como un partido de waterpolo con resultados adversos por la fatiga de los participantes y con las fuerzas de seguridad presentes animando con pelotas de goma y botes de humo al aire.