Una ley que aclare el futuro de la corona

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Afalta de que se confirme el buen resultado del nuevo “paso por el taller” del rey, algún sesudo analista tendría que aclarar qué oscuros motivos llevaron a que en media España se pensara en que don Juan Carlos iba a abdicar basándose en que Zarzuela había convocado una rueda de prensa.
Seguro que a más de uno le traicionaron las ganas y el inconsciente, pero, desde luego, no parece el modo más adecuado para que el jefe del Estado anuncie su paso a la reserva. Un viernes cuando ya estábamos más cerca de la noche que de la tarde.
Lo que sí es evidente es que los últimos charcos en los que se metieron el rey y varios miembros de su familia han desatado en España el debate sobre la conveniencia de que el país siga siendo una monarquía parlamentaria o si, por la contra, llegó el momento de la Tercera Républica.
En realidad, lo que la mayoría desconoce es que el rey, por sí mismo, ni tan siquiera puede abdicar. Ni tan siquiera el jefe de su casa, Rafael Spotorno, quien aseguro que una decisión así es personalísima, parece conocerse la ley, esa que señala que el rey puede proponer, pero es el Parlamento el que tiene que aceptar la renuncia.
Más allá de puntualizaciones quisquillosas, la cuestión es que este país acostumbra a dejar todo para última hora y, a estas alturas de reinstauración democrática, es cuando menos chocante que todavía no se haya regulado el proceso de sucesión. Por no cambiar ni tan siquiera se derogó esa ley sálica que convierte al primer hijo varón en heredero legítimo, por delante de sus hermanas. Por eso Felipe es príncipe y, por eso, si de nuevo él y Letizia tienen un vástago, y este es varón, adelantaría a sus dos hermanas en la carrera por el trono.
Esta circunstancia, que contraviene directamente la igualdad que la Constitución consagra, es una más de la inmensa lista de contradicciones de un ordenamiento jurídico ajado y obsoleto, que es capaz de convertir al alcalde de una ciudad en buscador del acertante de un boleto de Primitiva olvidado recurriendo a una vieja ley del siglo XIX.
Con la excusa de que no era el momento apropiado, sus señorías han ido aplazando la redacción de una norma fundamental del país –una más– y ahora, cuando don Juan Carlos se tiene que someter a una operación, independientemente de la gravedad de la misma, se crea un vacío en el Estado que no se puede solucionar mirando para otro lado, tal y como pretenden PP y PSOE.
Si los dos partidos mayoritarios no son capaces de ponerse de acuerdo ni tan siquiera por un asunto como este, tal vez hay que replantearse la necesidad de que sigan ahí.

Una ley que aclare el futuro de la corona