Desahucios en máximos históricos

Los datos estadísticos, facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en relación a los lanzamientos ocurridos en el segundo trimestre del año tendría que poner en alerta a nuestros gobernantes. En Galicia han alcanzado un máximo histórico, al haber unos 732, de los que 477 fueron vinculados a los desalojos por impagos de alquiler, y lo que es peor, muchos de ellos sin garantía habitacional o realojo. Así, los desahucios crecieron un 6% y de estos los alquileres representan el 65%. Con lo cual dista mucho de poder alcanzar, a corto plazo, el derecho a una vivienda digna.
No hay duda de que desde el año 2012 se han dado pasos importantes, desde el Real Decreto de 2012, la Ley 1/2013, el Código de Buenas Prácticas Bancarias, los convenios de colaboración entre el CGPJ, la Xunta y la Fegamp o el Convenio entre el IGVS y el Valedor do Pobo, el Programa Reconduce, el de Viviendas Vacías, el plan Aluga, el Bono Social, etc., pero a pesar de todo se producen desahucios y centenares de familias, anualmente, siguen sufriendo (muchas de ellas en silencio) las dificultades económicas y las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. En muchos casos ni se garantizan los realojos de estas familias, alegando la carencia de viviendas adecuadas.
Evidentemente algo falla y las cosas no se están haciendo bien. A pesar de formalizarse miles de moratorias, alquileres sociales, daciones en pago, recompras de vivienda, etc. en España hay familias que se quedan literalmente en la calle. Es clara la falta de voluntad política ya que se rechazado varias Iniciativas Legislativas Populares y no se han aceptado ninguna de las cinco propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios que proponen, desde hace años, las diferentes colectivos sociales y las plataformas de afectados por la hipoteca, que siguen estando de actualidad y que son: la dación en pago retroactiva, con condonación de la deuda; un alquiler asequible y estable; una moratoria sobre los desahucios de primera y única vivienda; las viviendas sociales, con alquileres sociales que sus rentas no superen, en ningún caso, el 30% de los ingresos familiares y la garantía de los suministros básicos, como agua, luz, gas, etc. .