EL MODELO AUTONÓMICO

Desde que la crisis descubrió nuestras miserias, está de moda arremeter contra las Comunidades Autónomas e incluso contra el modelo de organización territorial culpándolo de la deuda, del déficit desmesurado y de todos los desequilibrios estructurales y males económico-financieros del país. Y no es así.   

La publicación “Estrategias para España”, un libro editado por la revista Capital en 2007 que recoge las reflexiones de profesionales, empresarios, profesores y políticos publicadas en esta revista entre marzo de 2006 y febrero de 2007, en el capitulo dedicado a las autonomías destaca el importante papel y la positiva aportación que tuvieron en el desarrollo regional de España, pese a que todavía persisten muchos desequilibrios territoriales.

“España, dice el economista Antón Costas, ha vivido en estos 25 años la experiencia más larga y exitosa de crecimiento y progreso económico y las comunidades han favorecido la convergencia económica y social”. Por su parte, el profesor González Laxe afirma que “si evaluamos el proceso autonómico en términos de eficiencia, los resultados son halagüeños. Todas las autonomías han mejorado sus resultados económicos y son convergentes con Europa adelantado posiciones en el ranking de las regiones europeas”.

La perversión no está, por tanto, en el modelo autonómico ni en las comunidades, sino que deriva del mal uso que se hizo de ese modelo reproduciendo a escala la estructura del Estado central en 17 mini estados autonómicos, creando unas estructuras sobredimensionadas, mal administradas, que multiplicaron funciones y generaron una espiral de gasto y endeudamiento que las llevó a la antesala de la quiebra.
No se trata, por tanto, de demonizar el modelo, sino de revisar sus estructuras administrativas, que se superponen, y sus costes disparatados e insostenibles que en nada mejoran el servicio al ciudadano y, de paso, erradicar los abusos, despilfarros y corrupciones que aparecieron al amparo de los gobiernos autonómicos. Hay mucho donde recortar sin tocar educación, sanidad y servicios sociales y la reforma anunciada por Rajoy de suprimir empresas, entes públicos y organismos autónomos, evitar duplicidades y recuperar la unidad de mercado apunta en esa dirección.

Introducir racionalidad en la organización y gestión es la condición necesaria para que las autonomías sean viables económicamente y puedan cuadrar sus cuentas y cumplir con el objetivo del déficit impuesto por Bruselas y fijado por el Gobierno de España.