Dice Martínez Almeida, el alcalde de la ciudad escindida por decreto, que no hay madrileños de primera y de segunda. Lo dice tratando de apagar los fuegos de Ayuso. Puede, tal vez, que en Madrid no haya ciudadanos de primera y de segunda como dice Almeida, pero sí de tercera.

La “nueva anormalidad” para Vallecas, Usera, Carabanchel o Villaverde que ha diseñado la todavía presidenta de la Comunidad, no contendrá la expansión del virus que la indolencia e ineptitud de su gobierno permitió, pero sí dejará para la historia, o para la hemeroteca cuando menos, un acabado ejemplo de gobernación sectaria, segregacionista e irracional.

Se castiga el solaz al aire libre, donde el coronavirus se mueve con dificultad, y se premia o se respeta, bien que con el disimulo de una teórica reducción de aforo, el esparcimiento ful en esos locales oscuros y cerrados, pero lo que se castiga es, en el fondo, la propia esencia de la ciudad, el espacio donde todos sus habitantes interactúan, se mezclan, conviven, se comunican y se cruzan merced al título común de ciudadanía. A Díaz Ayuso debe parecerle tan insoportable esa esencia, esa idea, que no sólo ha trazado sobre la piel de la urbe una frontera, sino que pretende, al parecer, que el mismísimo Ejército la haga impermeable.

La disparatada suposición de que las medidas de restricción y confinamiento de los barrios obreros, de trabajadores, o sea, pobres, atajará los contagios, sólo puede alojarse, ciertamente, en la sesera de la presidenta y de quienes la mantienen al frente del gobierno de Madrid, pero aún si cupiera la posibilidad de ahorrar algún contagio, la renta esperable no justificaría el ultraje a esos madrileños de todas las naciones sobre cuyas espaldas, sobre cuyo trabajo extenuante, precario y mal remunerado, se sostiene la vida de la ciudad.

Puede que, sobre el papel, no haya, como dice el bombero Almeida, madrileños de primera y de segunda, pero sí de tercera. Y, so capa de la pandemia que Ayuso no ha sabido gestionar preventivamente durante este verano de falsa tregua esos ciudadanos quedan ahí, tras la alambrada de la reserva apache. Tampoco se entiende, por lo demás, que el Gobierno de España, que se dice progresista, haya transigido con eso.