Han comparecido en la comisión del Congreso los últimos presidentes del Banco Popular, los artífices del descalabro del banco y el consiguiente crack de la entidad, seria y respetada. Se van conociendo detalles de este enmarañado asunto y las acusaciones son mutuas,. Más de trescientos mil accionistas perdieron sus ahorros en unas medidas tomadas por Saracho polémicas y precipitadas. Es posible que se cometieran cuantiosos errores, pero en medio de todo ello posiblemente habrá numerosos delitos, vistos desde una perspectiva diferente a ojos del actor que tomó tan drástica solución y que la justicia tendrá que investigar y averiguar si solo fueron simples errores o existe algo más en su farragoso contenido, dada la precipitación del crack, según los informes de los órganos económicos que desmentían los peores presagios para el Popular. Al parecer, era tan solo un falta de liquidez puntual, pero al ir conociéndose más detalles, parece que la situación no es reciente. El Santander sacó una buena tajada al vender a Blackstone una participación del fondo inmobiliario del banco quebrado, mientras sus accionistas se quedaban con papel sin valor.
De modo que Saracho pudo haber actuado como un dinamitero al hacer volar el Popular y no como dijo él que le habían contratado a un bombero. Estos miembros tan apreciados por la sociedad jamás volarían las pertenencias de sus semejantes, más bien las salvarían, como manda su código ético. Pero, ¿dónde estaba la ética de Saracho cuando hizo quebrar a la entidad? Según sus palabras, el banco era “una caca”; bajo esta premisa absurda está faltando al respeto a los clientes, empleados y accionistas del banco, lo que invalida cualquier afirmación o excusa  que pueda aportar para esclarecer lo realmente acontecido. La decisión de liquidar al Popular le ha representado un jugoso beneficio de más de 49 millones de euros. De modo que no era semejante “caca”.
Tomó la decisión más polémica posible, pensando en su beneficio y no en los accionistas; se llevó los papeles a Bruselas y desde allí apretó el botón de la voladura con un informe que todavía a día de hoy y después de más de un año no se ha hecho público. Es el secreto mejor guardado tanto por los burócratas de Bruselas como por el propio Saracho y otras fuentes que tengan noticia de su existencia. Sus excusas son tan burdas como conocidas por sus accionistas. Basar su declaración en el problema del ladrillo es tanto como decir que fue a tiro fijo. Su obligación era sacar al banco adelante y si el problema era mayor de lo que estaba preparado para solucionar, debía haber dimitido y marcharse sin causar tanto dolor a tanta gente, que ha perdido en muchos casos los ahorros de toda una vida.
La justicia tiene y debe, por la alarma social que puede sentar un precedente, investigar qué fue lo que realmente pasó con el Popular y la responsabilidad de su gestión en los dos últimos presidentes. Los accionistas no tienen la culpa de la mala praxis de sus dirigentes, pero han perdido sus ahorros y deben ser recompensados devolviéndoles lo que es suyo.