Después de haber predicado por activa y por pasiva las bondades de las reformas de las pensiones propiciadas en 2011 y de 2013 por Rodríguez Zapatero y por él mismo, respectivamente, Rajoy se nos ha descolgado con una liquidación práctica de la última de ellas. Y después de haber predicado por activa y por pasiva que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado (PGE)  mientras el 155 estuviese vigente en Cataluña, ahí tenemos al PNV dando su visto bueno a las cuentas públicas aun sin haberse levantado la intervención de la Generalidad por el Gobierno central. 
Sin parpadeo alguno, ambos han practicado aquello de predicar en vano, algo no tan grave como el juramento en las mismas condiciones, pero escasamente ejemplar también. Servidumbres de la política, se nos ha dicho, y necesidad derivada de una gobernación en minoría. 
El caso es que según el acuerdo a que una y otra parte con total hermetismo llegaron, en 2018 y 2019 las pensiones se revalorizarán en línea con el IPC, y la entrada en vigor del llamado factor de sostenibilidad se retrasa cuatro años sobre lo previsto. A cambio, los nacionalistas vascos contribuyeron el jueves a salvar el primer gran trámite de los PGE: las enmiendas a la totalidad.
Menos mal que el pacto en cuestión es aplicable a los pensionistas todos y no solo a los vascos, que para más inri son los que mejores prestaciones reciben. Y menos mal también que vincular el incremento de las  prestaciones al índice de precios al consumo tiene un horizonte temporal de dos años. 
De otra manera, el roto en la más que precaria tesorería de la Seguridad Social –18.000 millones de déficit a finales del año pasado– sería enorme. Sucede, sin embargo, que una vez acostumbrado el beneficiario a la nueva situación, será difícil para cualquier Gobierno reconducirla de nuevo hacia criterios más restrictivos.
Con todo, el pacto Gobierno-PNV sorprende por varias cuestiones más políticas que económicas. La primera es que Rajoy accede a echar por tierra una de sus reformas más exitosas, concebida además desde el asesoramiento de cualificados expertos. La segunda es que hace exactamente lo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llevaban pidiéndole desde hace meses.  
Aunque por distintos motivos, parece evidente que el pacto conviene a las dos partes. Supone, entre otras cosas, la prolongación de la legislatura. O lo que es lo mismo: la continuidad de Rajoy. Y tanto al PP como al PNV no les interesan unas eventuales nuevas elecciones. Tanto uno como otro le tienen un miedo cerval a Ciudadanos. El primero porque el eventual triunfo de Rivera le supondría la pérdida del Gobierno. Y el segundo, por el supuesto talante de recentralizador con que éste se plantaría en Moncloa. El superbarato cupo que el País Vasco paga podría tener  los días contados.