¡MUCHA SUERTE!

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Gallardón se fue. Ha dimitido. En poco tiempo ha conseguido que los méritos como  ministro deban eliminarse de su currículum. Alberto Ruiz-Gallardón, ha pasado de ser un centrista-progre a un conservador-reaccionario. Este, que fue candidato a presidente de su comunidad y después Alcalde de Madrid había acuñado una frase que ha de pasar a la historia: “El programa electoral es un contrato con los ciudadanos”. Lo que no dijo Gallardón es que era un “contrato” donde la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.  
En ese afán de protagonismo, nada más coger la cartera ministerial, empezó el despacho de asuntos, a diestro y siniestro, sin dejar títere con cabeza. Estaba en todo. En cuanto se apagaba un foco se encendía otro. Las tasas judiciales convirtieron el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en el privilegio del acceso a la justicia para los pudientes.
Entró en vigor en noviembre  de 2012 y está recurrida ante el Tribunal Constitucional. La propia  Audiencia Nacional tiene “dudas de la constitucionalidad” de las tasas.  Básicamente por dos motivos: el hecho de que, si no se paga la tasa por adelantado, el ciudadano no puede ni siquiera iniciar el procedimiento judicial, que queda archivado; y el hecho de que no se tiene en cuenta la circunstancia económica de cada recurrente para modular la cuantía de la tasa en cada caso, lo que puede generar situaciones de “manifiesta desigualdad”. Y consecuentemente situaciones de indefensión. Eso sí, nos deja menos pleitos. Pero también más pobreza en una administración que sigue siendo lenta y carente de recursos.
Ahí queda su proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, rechazada por todos los sectores de la justicia, con la eliminación de los partidos judiciales.
Su proyecto de reforma del Código Penal que lleva un año en el Congreso con sucesivas ampliaciones de plazos de enmiendas. Constituyó un comité de expertos para elaborar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde admitía la posibilidad de que los fiscales instruyeran los procesos. La reforma del Registro Civil, la supresión de aforados. Y por último, la Ley del aborto, donde puso al nasciturus, por encima del concebido y nacido. Una ley rancia y retrograda que nos remontaba a tiempos del franquismo.
Y ahí estaba el señor. En ese narcisismo que le caracteriza repartiendo carnets de mujeres auténticas. Pensando que con ello iba a conformar a su prole.  
Y mira tú, le salió la burra capada. Quien le aupó a los altares le defenestra sin piedad, porque las urnas mandan. ¡Quien se lo iba a decir!. Este último afán legislativo determinó su dimisión al no ser aceptada ni siquiera por los suyos, pese a que ya le habían dado el parabién en consejo de Ministros.
Gallardón se fue, pero nos ha dejado un catálogo cumplido de regresión y merma de derechos, que desde el acceso de este país a la democracia nunca hemos conocido. No creo que tras su salida se encuentre muy a gusto con su legado, ni del gobierno del que ha formado parte. Aunque, cierto es,  todo esto no hubiese sucedido si no le animara quien le puso. Quien le otorgó el poder de elaborar y llevar a cabo todo esto.
También tuvo su mérito. Ha sido capaz de poner en pie de guerra a todos los operadores jurídicos, a la sociedad en su conjunto y a todas las fuerzas políticas. Todos unidos por el descontento y rechazo a las reformas realizadas.  
Echamos de menos aquel contrato con los ciudadanos que un día  dijo. Entre tanto,  todo fue una mentira.  Un ardid descubierto tras las elecciones. Gallardón no debe estar muy satisfecho con la parte contratante que le corresponde. La prueba evidente de ello es que ninguna asociación ni colectivo, vinculados con la Justicia,  ha lamentado su dimisión. Más bien todo lo contrario.
Hacerlo mal es fácil, pero hacerlo TAN MAL es realmente complicado. Solo nos queda desearle mucha suerte. Tanta, como paz nos deja.
Emma González es abogada

 

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