El guion del debate sobre el Estado de la Autonomía partió de dos premisas. La primera fue la visión optimista del presidente, que demostró saber el oficio y tiró de moviola para poner en valor la acción del Gobierno que preside.
Después llegó el turno de los portavoces de la oposición populista, socialista y nacionalista, que presentaron una enmienda a la totalidad y otra visión apocalíptica de Galicia, que lleva “un año de legislatura perdido”.
Mucha posverdad por ambas partes. Para encontrar la verdad hay que recortar un 30 por ciento, tanto al paisaje idílico que pintó el presidente, como a la descripción catastrofista de oposición. Es cierto que Galicia sigue mejorando, pero aún tiene muchas debilidades y las propuestas aprobadas tampoco transformarán los desequilibrios en fortalezas para mejorar la vida de los gallegos. Por tanto, el debate fue poco útil.
Pero de él quedará la “cuestión catalana”, que el presidente introdujo hábilmente calificando de “ataque al Estado” lo que está ocurriendo en Cataluña y, por extensión, como un “ataque a los intereses de Galicia” que forma parte del Estado.
No le faltaba razón. En el fondo del independentismo está el “España nos roba” y Cataluña, que es una comunidad rica, quiere romper la solidaridad interterritorial que rige en todos los países, en virtud de la cual se transfiere renta de las regiones más ricas a las más pobres, como Galicia, para lograr la cohesión territorial, que es una de las claves de la estabilidad y unidad del país.
Si se consuma la declaración de independencia Galicia dejará de recibir decenas de miles de millones y las consecuencias inmediatas serán un hachazo a las pensiones, nuevos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, caída de la inversión pública… Seremos más pobres o menos ricos, según se mire. Ahora mismo, la insurgencia de Cataluña ya está debilitando la estabilidad y el crecimiento de la economía española –también de la gallega– que algunos analistas quieren revisar a la baja.
Esos son los daños de la espantada ilegal que cometen los dirigentes catalanes desde la confortabilidad del coche oficial y con la cobertura de un salario generoso a cargo del Estado que quieren destruir.
Por eso no se entiende que BNG y En Marea apoyen con tanto fervor la revolución egoísta e insolidaria del independentismo con España y con Galicia. Alegan que votar es un derecho, pero olvidan que la democracia exige votar dentro de la ley que nos obliga a todos.