Lo que ha ocurrido en nuestro país con los Bancos y Cajas ha sido la historia de un éxito. Hemos visto cerrar empresas históricas por la crisis. Hemos visto la apertura de comedores sociales, Stop desahucios, plataforma de afectados por la hipoteca, etc. Pero las entidades bancarias, no han cerrado. Tampoco han pagado los desmanes y su mala gestión provocados en los años de bonanza. Todo lo contrario. Han sido premiados. Primas millonarias, sueldos exagerados de directivos, bonus, tarjetas black, etc. Venta de preferentes, obligaciones subordinadas, Swaps. Mientras esto sucedía, nuestros políticos hacían la vista gorda.
Ha tenido que ser Europa, el Tribunal de Justicia Europeo, quien declare que no se está protegiendo al ciudadano corriente y que nuestra legislación no se adapta a Directivas que se remontan al año 93. ¡Ahí es nada!
¿A quién le importaba esto? Desde luego los que debían poner freno a estas prácticas miraron para otro lado.
Es más, después de varias resoluciones de Europa, sobre las clausulas establecidas en los créditos hipotecarios, aun nuestro Tribunal Supremo en una famosa sentencia de mayo de 2013, limitó la retroactividad en el cobro indebido por las denominadas “clausulas suelo”, declaradas nulas de pleno derecho, bajo el argumento de que de estimarse la aplicación retroactiva al inicio del crédito hipotecario, se causaría un “trastorno económico” a la banca.
El Alto Tribunal, de esta manera, protegía a la banca y zanjaba de forma definitiva la discrepancia entre los jueces sobre el asunto, al concluir que no restituirá cantidades anteriores al 9 de mayo de 2013. Y, lo más importante: sienta doctrina. Sin embargo, desde esa fecha muchos tribunales españoles han fallado a favor de la devolución de las cuantías cobradas de más desde el inicio del contrato, al entender que no se debían aplicar a casos individuales. Como siempre, los Jueces “de cabecera”, los más próximos, amparaban al de a pie.
No olvidemos que la hipoteca es el compromiso financiero más importante en la vida de una familia. Y el pasado día 21 de diciembre, el Tribunal Europeo vuelve a pronunciarse de manera contundente: la nulidad de las clausulas suelo conlleva la restitución integra al consumidor de todas las cantidades abonadas indebidamente y no solo desde el año 2013, sino desde la fecha de constitución del crédito. Este tribunal considera que limitar la retroactividad supone no proteger al consumidor en los términos que le otorga la ley.
La magnitud de este fenómeno, y los desmanes del sector que han llevado a una cascada de desahucios e impagos por parte de familias afectadas por la crisis, han obligado al Parlamento Europeo a tomar cartas en el asunto.
Este país es diferente sin duda. Para mal. Nuestros políticos están manejados por las entidades financieras en cuya gestión participan. Cuesta creer que no fueran capaces de darse cuenta de todo esto. En las hipotecas, no solo se fijaba un interés mínimo aun cuando bajara el Euribor, sino que se aplicaban intereses moratorios (también en créditos personales) que llegaban hasta el 29%, claramente usurario. Además, en todos los créditos, interés ordinario se sumaba al principal de la deuda y sobre esa cantidad se aplicaba el interés moratorio. Un atraco en toda regla.
En resumen, la responsabilidad de la crisis no es solo de las entidades financieras. La mala gestión del riesgo crediticio llevada a cabo por estas o los productos tóxicos vendidos, han contado con el beneplácito de los políticos que las han administrado y con la dejadez de las autoridades monetarias españolas que han mirado hacia otro lado.
Con el dinero destinado a la banca, que no recuperaremos, se hubiera podido reactivar el consumo y la demanda interna, favoreciendo un crecimiento económico que hubiera permitido reactivar la actividad económica y generar empleo. Sorprendentemente se ha optado por generar deudas en los que carecen de capacidad económica para pagarlas.