Una teoría en sociología mantiene que los españoles somos tan iguales que si no fuera por los políticos las diferencias serían prácticamente inexistentes.
Actualmente, más que nunca, tenemos un buen lote de estos que se afanan, un día sí y otro también, en resaltar el “hecho diferencial”; no deja de ser curioso que además paguemos sus sueldos.
Nuestro país es más respetado y admirado de lo que nos parece; está considerado como uno de los mejores del Mundo para vivir. Líderes mundiales en trasplantes y donantes de órganos, con las tasas de suicidios más bajas del mundo y con un sistema sanitario universal y de calidad extraordinaria.
Baja tasa de criminalidad y violencia de género, pueblo sociable y tolerante con una de las mayores cotas de calidad y esperanza de vida, líderes mundiales en ingeniería, infraestructuras, medicina, bioquímica y un largo etc. Todo esto acompañado de magnifico clima, belleza y pluralidad paisajística, lingüística y costumbres.
Según The Economist Intelligence Unit (EIU), España además, para desasosiego de las minorías de siempre, cuenta con un elevado índice de calidad democrática solo superada por Canadá, Australia y Países Nórdicos y por encima de otros como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia o la propia Bélgica con actuaciones de su poder judicial de reciente recuerdo.
Este índice mide: los procesos electorales, el pluralismo, la libertad de celebración de elecciones, participación y cultura política, libertades civiles y derechos humanos o calidad del funcionamiento de los Gobiernos.
Conociendo nuestro convulso pasado, nadie debe dudar que esta situación, la mejor de la Historia, se haya alcanzado gracias a la Carta Magna del 78 de la que han dimanado un amplísimo consenso, reconciliación y unidad de todos los españoles.
Evidentemente todo es mejorable, teniendo en cuenta además, el delicado equilibrio político en que los padres de la constitución hicieron su trabajo; pero pensemos, que cualquier cambio deberá tener un amplio consenso, tener claro el porqué y el beneficio para una inmensa mayoría y no para los intereses de unos pocos.
Por supuesto, a pesar de las virtudes también tenemos dificultades que no debemos obviar: el endémico desempleo, creciente desigualdad, la corrupción y el separatismo populista que soportamos.
Este último, para muchos el principal problema, no es una situación única de España; existió, existe y existirá en muchos otros países, la diferencia está en cómo se aborda por unos y otros.
Alemania con Baviera, Francia con Bretaña, la comunidad Vasco Francesa y Córcega, Italia con la liga Norte y Sicilia, Estados Unidos, en su momento, con Texas, son situaciones similares que, sin embargo se afrontaron de raíz, manteniendo una centralización de servicios claves como son la educación, sanidad, fuerzas de seguridad ciudadana y legislación básica y no permitiendo la demagogia y manipulación del ciudadano por las minorías; al contrario de lo que aquí sucedió.
En todos estos países tomaron nota de una conocida reflexión maquiavélica: “Quien permite el desorden para evitar la guerra, tendrá primero el desorden y después la guerra”.
La interesada postura partidista de mirar para otro lado a cambio de votos de los distintos jefes de Gobierno en La Moncloa y no la Constitución, digna trayectoria de las instituciones, reconversión de las Fuerzas Armadas y comportamiento del pueblo, fue la verdadera causa de la expansión del secesionismo.
Afortunadamente, treinta años de “caño libre” tergiversando la historia, manipulando la educación y los medios no fueron suficientes para que la “raza superior” lograra sus objetivos, pero sí para hacer un considerable daño y ruptura social que costará años reparar. Estos sí siguieron otra máxima del político antes mencionado: “Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira, la política no tiene relación con la moral”.
Descalificar a la Monarquía a la mayoría de ciudadanos españoles y sus instituciones es, según ellos, libertad de expresión. Respetar la Constitución, el país, defender nuestras ideas y portar nuestra bandera es crispar a la sociedad.
Semanas atrás escuchaba a un veterano y carismático político definirse como crispador, pues se atrevía a proclamar que amaba a España, sus instituciones, bandera y Constitución y además no se callaba, no tenía miedo. Está claro que la mayoría de los españoles y el mismo que les escribe también somos cirspadores.