La vivienda será en las próximas semanas el nuevo caballo de batalla del Gobierno de coalición. Cierto que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, intenta retrasar y consensuar la nueva legislación y evitar un choque frontal con Podemos. Sin embargo, algunas malas ideas siguen en el ánimo del Ejecutivo. Por ejemplo, la intervención en los precios de los alquileres que ha dado pésimos resultados en los lugares de Europa donde se ha aplicado. Precisamente, estos días, expertos del mercado inmobiliario han vuelto a advertir de que el futuro índice de precios que valora imponer el Ejecutivo haría que los precios de los alquileres suban en torno al 33%, lo que se traduce en alzas de entre 40 y 300 euros. Ya no digamos los perjuicios que para el arrendamiento de viviendas tendrían algunas de las intenciones que hemos ido conociendo como penalizar los pisos vacíos, permitir la “okupación” en determinados supuestos -lo que acaba siendo generalizable- o mantener la prohibición de desahucios más allá de la pandemia.

Las dos almas del Gobierno siguen sin entender que la propiedad privada es sagrada y que la decisión de alquilar o no la tiene el propietario. Se ha dicho ya por activa y por pasiva que el alto precio de los alquileres es, en la mayoría de los casos y sobretodo en las grandes ciudades, un problema de inseguridad jurídica, de miedo a que no te paguen, a que se te queden ocupando la casa y a la falta de viviendas sociales con un alquiler asequible. Los propietarios no deben ser los que cubran con su esfuerzo de años la falta de una política clara y ágil de vivienda social.

Las medidas que propone Podemos, y que veremos en qué quedan, únicamente provocarán más problemas de acceso a la vivienda. Los propietarios se retraerán por lo que habrá menos viviendas aún en el mercado y entonces pasarán dos cosas o subirán los precios o sencillamente aumentará la economía sumergida. Lo que debería hacer un Gobierno que presume tanto de ser social es poner en marcha y rápido un parque de viviendas público que de cobertura a esas personas vulnerables o con bajos ingresos que no pueden acceder al mercado actual. Y, por supuesto, dejar de intervenir en un mercado libre, cuyos propietarios particulares arriendan para fortalecer sus ingresos como pensionista o para lo que les venga en gana. Veremos cómo se desarrolla esta batalla y si acabamos viendo otro derecho pisoteado por los suelos.