IEN urge una reacción institucional frente al recurso sobre el “tax lease”

Bruselas ejerce el partidismo en el caso de las ayudas públicas –el denominado “tax lease”– a los astilleros privados del país. Es la opinión de IEN por Europa. La asociación que preside Manuel Pérez Pérez arremetió ayer contra la decisión de la Comisión Europea de recurrir la conclusión del Tribunal General de la Unión Europea, que decretó la legalidad de la aportación de 126 millones a los pequeños y medianos astilleros españoles en contra de las acusaciones de Holanda, que argumentaba que tales subvenciones favorecían a las factorías españolas y limitaban la competencia de las del resto de la comunidad. Pérez aseguró en este sentido que el anunciado recurso “pone de manifiesto hasta qué punto Bruselas no escatima fuerzas en poner trabas a la libre competencia y a los intereses españoles en la actividad”.
A través de un comunicado, la asociación empresarial anunció el inicio de actuaciones orientadas a que tanto el Gobierno central como el autonómico se pronuncien en beneficio de la actividad e insten por ello un cambio en la actitud de la Comisión Europea. También esta última será objeto de las iniciativas de la entidad en el sentido de que retire un recurso que en el propio ámbito comunitario se da por hecho que no prosperará.
Sin embargo, es precisamente la espera por un fallo definitivo del alto tribunal comunitario lo que, en opinión de Pérez, puede perjudicar a la industria nacional del sector. Un estado que “asfixia a las factorías y mantiene como único objetivo el de alargar en el tiempo un proceso cuyo fin no puede ser más evidente”, argumenta el presidente de la asociación empresarial.

tomar nota
“La Comisión Europea debería tomar nota de hasta qué punto su decisión contribuye a bloquear la actividad de las factorías” que se aglutinan en torno a la asociación de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar), señala. El portavoz empresarial redunda en el hecho de que “el único afán de proteger los intereses de países que solo saber recurrir al descrédito de la competencia como parte de su política empresarial” es el de cercenar la actividad que se genera en España y de la que dependen no solo las plantillas principales sino un gran número de compañías auxiliares.
Es por ello que IEN por Europa cree “esencial” que tanto Madrid como las administraciones autonómicas en las que haya implantación del sector y en las que su desarrollo juega un papel vital en el ámbito económico y del empleo, “adopten una férrea defensa de los intereses del sector e inician por ello acciones orientadas a proteger sus intereses ante la Comisión Europea”.
“Es evidente que, mientras se recurre el fallo solo se trata de ganar tiempo para tratar de mantener indefinidamente los obstáculos con el fin de limitar la competencia y vapulear al sector con dilaciones que se sabe que no van a prosperar”, enfatiza el presidente de la asociación empresarial.
Tras la decisión de la Comisión Europea se esconde en su opinión la falta de reconocimiento de sus propios errores. Pérez descalifica en este sentido la actuación del anterior comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, al que acusa de haber ejercitado “una visión parcial y partidista” contraria a los intereses no solo españoles sino también comunitarios. “A nadie le gusta que le quiten la razón cuando se ha defendido todo lo contrario a la legalidad y se ha demostrado no solo que esta existe sino que la Comisión también toma decisiones erróneas, lo que resta mínimos de credibilidad como los que debería tener el alto órgano comunitario”, reitera el presidente de IEN por Europa.