La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó en parte la solicitud de medidas cautelares presentada por los sindicatos CCOO, CIG y UGT y ordena a Alcoa que se abstenga de “llevar a cabo cualquier actuación dirigida a hacer efectiva la parada de las cubas” en la factoría de San Cibrao (Lugo).

Precisa que “el apagado de las cubas electrolíticas, “aun no siendo un proceso irreversible, se ofrece complejo, costoso y dilatado en el tiempo, acarreando, en suma, graves perjuicios a los trabajadores”, si finalmente el proceso de despido colectivo iniciado por la multinacional fuese declarado nulo por los tribunales.

En cuanto a otra de las demandas presentadas por los sindicatos, los magistrados entienden que sería una medida “desproporcionada” otorgar a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) la administración de la planta de aluminio mientras dure el proceso de impugnación de despido colectivo, a la espera de se dicte sentencia firme.

En todo caso, el alto tribunal gallego abre la puerta a una intervención pública de la planta de aluminio primario, dado que sostiene que sería una “medida alternativa igualmente eficaz y menos perjudicial” para la empresa. Los jueces indican en el auto que esa intervención “estaría orientada a controlar las actividades desarrolladas en la planta con el objetivo de mantener las cubas en situación de reiniciar de inmediato” su actividad si “el despido colectivo” planteado por la multinacional fuese declarado nulo.

También resuelven en el fallo que no es posible obligar a Alcoa a abstenerse de despedir a los trabajadores afectados por el ERE, ni tampoco obligar a la multinacional a que mantenga la actividad en la planta, porque sería una “medida desproporcionada”.

Maroto lo veo un “éxito”
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, celebró lo que considera un “éxito sin precedentes” para los trabajadores de la planta de Alcoa en San Cibrao, además de calificar esa resolución judicial como un “buen precedente” que permite mantener activa la planta y preservar los puestos de trabajo. “Una posición que siempre ha defendido el Gobierno de España desde el inicio del conflicto laboral”, recordó. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, opina que este pronunciamiento judicial es “una buena noticia”. “Demuestra que si estamos todos unidos, la plantilla, la Administración autonómica y el Gobierno de España, podemos presionar a Alcoa para que se siente y se mantenga la actividad industrial”, añade.

Mientras, desde la Xunta sostienen que, llegados a este punto, “la mejor salida para todas las partes es que Alcoa acepte la venta de la planta de aluminio primario”. En ningún caso”, dice la Xunta, “podemos contemplar el cierre de la única fábrica que produce en este momento aluminio primario en España como una opción”, porque “carece de cualquier sentido desde el punto de vista económico, empresarial o estratégico”.