Las investigaciones del caso “Torre” se amplían a la etapa del popular Juncal

lópez castrillón y su abogado, ayer, entrando en las dependencias de la comisaría de policía luis polo
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La investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de A Coruña en el marco de la Operación “Torre”, que inicialmente se centró en los ejercicios 2010 y 2011, con gobierno socialista, se retrotraerá a anualidades anteriores, incluida la última etapa del mandato del popular Juan Juncal.

En el informe elaborado por la UDEF se planteó al juez instructor, Alejandro Morán Llordén, la emisión de mandamientos judiciales dirigidos al Concello de Ferrol para que, por quien corresponda, se realice un informe al respecto.

En concreto, se piden explicaciones sobre una serie de contratos y facturas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2011, ambos inclusive. Entre otras, se detallan doce facturas de la empresa Albanese –la principal investigada– todas ellas con diferentes fechas de diciembre de 2005 y bajo el concepto de “Traballos realizados en Obradoiro San Felipe”. Otro paquete de la misma firma tiene fechas de julio de 2006 por “Suministro para reparación nos edificios municipais” y un tercero de mayo de 2006, por “Trabajos de reparación en edificios municipais”. Otras facturas corresponden a suministro de manterial del Plan Labora en la obra de la Sociedade Galega de Historia Natural.

 

Informes

Al mismo tiempo, se solicita del Concello información sobre la contratación del Servizo de Mantemento de Infraestructuras para los años 2010 y 2011. A este respecto, la UDEF hace constar que se produjo una aminoración del contrato de 200.000 euros argumentando que se iban a utilizar con el fin de contratar la limpieza y desbroce de viales, por falta de crédito en la partida correspondiente, motivo por el que la Policía pide un informe que determine si finalmente se produjo esa aminoración, qué personas la solicitaron y la autorizaron, así como quién fue la empresa adjudicataria y, en caso contrario, a qué se destinaron los 200.000 euros.

Por último, solicitan información sobre las personas encargadas de la contratación, supervisión, certificación y autorización del pago del Servizo de Mantemento de Infraestructuras.

 

conclusiones

En otro orden de cosas, en el informe de la UDEF que dio origen a la imputación de dos aparejadores municipales, el anterior interventor y el actual, los dos ediles socialistas y los gerentes de las empresas Albanese y Sanmartín, se recogen también una serie de conclusiones provisionales sobre lo investigado. Así, en base a la documentación analizada –la intervenida en los registros en el Concello y Albanese, así como la referida a Sanmartín– se señala que “no se observan irregularidades administrativas claras que induzcan a pensar en la existencia de un dolo para amañar las contrataciones, por lo que, ante la imposibilidad de cotejar lo analizado con alguna medida previa al operativo policial de registro, se concluye que no se ha podido determinar la existencia de indicio delictivo alguno”.

No obstante, a la hora de la realización de las certificaciones de las obras, “se observan multitud de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos contra la administración pública y falsificación en documento público”. En este sentido, se apunta que en algunas certificaciones aparecen actuaciones realizadas por la empresa contrarias a lo establecido en las cláusulas administrativas, en el sentido de que se excluyen los trabajos que deban considerarse como obra independiente, sin que las actuaciones de mantenimiento puedan superar los 30.000 euros y, según la investigación, hay intervenciones de Sanmartín superiores a esa cantidad.

Otra de las irregularidades se refiere a que en la práctica totalidad de las certificaciones se hace por encima de lo declarado por el contratista, que, presuntamente, después “amolda” las facturas finales a lo certificado por los técnicos. A criterio de la instrucción, de este modo se habría presuntamente certificado por encima en 17 casos la suma de 65.477 euros. Se hace constar, asimismo, que en certificaciones pormenorizadas se han llegado a reflejar hasta 400.000 euros más de lo que luego consta en el resumen de la misma, que es en la que figuran las firmas de los técnicos y el contratista.

También se hace referencia a anotaciones manuscritas en multitud de expedientes con frases como: “Llamar a Albanese”, “Para Albanese”.

Las investigaciones del caso “Torre” se amplían a la etapa del popular Juncal