El aplazamiento de la compra de la cooperativa de Pedroso “acorrala” a los afectados

Una treintena de afectados acudieron a la convocatoria | jorge meis
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Una treintena de personas se concentraron ayer a las puertas del supermercado de la cooperativa de Pedroso. Son parte de los socios y depositarios afectados por el concurso de acreedores en el que se ve inmersa la empresa social desde junio de 2014.
Bajo la atenta mirada de tres patrullas de la Policía Local de Narón, que acudió alertada por los actuales inquilinos de las instalaciones –el Grupo Hormicasa Norte que realizó una propuesta de compra en diciembre de 2015 que está sin ejecutarse por falta de fondos–, los afectados llevaron a cabo una reunión informativa sobre la situación actual del proceso. Un proceso que se remonta a junio de 2014 cuando la junta directiva de la cooperativa se acogía a un concurso de acreedores voluntario que impide desde entonces a los cooperativistas –más de 190 personas afectadas– disponer de los 1,5 millones de euros de capital que la entidad tenía en ese momento, y suponía en la mayor parte de los casos los ahorros de todo una vida.
Desde entonces se han nombrado dos administradores concursales –el primero fue destituido por el juzgado en 2016 cuando no se pudieron hacer efectivos los pagarés por la compra del supermercado de la cooperativa por parte del Grupo Hormicasa Norte–. Contra todo pronóstico el desembarco de los actuales inquilinos no ha hecho sino agravar la situación para los cooperativistas. Y es que los continuos aplazamientos del pago por la compra de la tienda de la cooperativa valorada en 325.000 euros no ha impedido al grupo regentar la misma. “Nos deben tres meses de alquiler –régimen en el que llevan desde el pasado mes de abril–, adeudan una factura eléctrica de 24.000 euros que la empresa de suministro nos reclama a nosotros porque la cooperativa sigue a nuestro nombre, no pagan a los empleados y siguen pidiendo plazos al juzgado para abonar el pago de la compra”, explica una de las afectadas.
La indignación no hace sino ir en aumento. “De los 325.000 euros del precio de compra, 98.000 euros correspondían a existencias de las que ya se han beneficiado y que no recuperaremos, más otros 15.000 que el anterior administrador concursal tuvo a bien ‘regalarles’ de fondos que había en caja”, recuerdan, “si al final se resuelve subastar judicialmente las instalaciones no sabemos en qué estado nos las van a devolver, porque tampoco hay un inventario. Ninguno de los dos administradores concursales consideraron realizarlo y eso que se lo propusimos”, indican.
Los cooperativistas, que ayer veían desproporcionado el operativo policial –“nos tratan como si fuéramos delincuentes”– culpan al juzgado de una actitud excesivamente “pasiva” en el procedimiento. “Siguen permitiendo que se nos genere un perjuicio continuado. Cada día que estos señores abren la puerta del supermercado de la cooperativa nos está costando dinero a nosotros”.

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