El Tribunal de Cuentas detecta 54 millones sin justificar en subvenciones para formación

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El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples lagunas en el seguimiento y control de las subvenciones para formación concedidas en 2010, entre ellas la falta de justificación por parte de las entidades beneficiadas de las horas dedicadas a impartir los cursos por un coste de más de 54 millones.

En el anteproyecto de un informe que todavía está en fase de alegaciones, el tribunal critica las “distorsiones” del modelo de formación subvencionada para ocupados vigente en aquel momento, en el que las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal se repartían el 50 por ciento de los fondos.

Censura que patronales y sindicatos intervengan en todas las etapas del proceso (diseño, planificación, solicitud, concesión y ejecución de las ayudas), así como la falta de control por parte del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Fundación Tripartita, integrada por Administración, patronales y sindicatos.

Desde la reforma laboral de 2012 se han ido introduciendo cambios en el sistema para abrirlo progresivamente a la libre competencia y acabar con el monopolio de organizaciones empresariales y patronales, algunas de las cuales están siendo investigadas por presuntos fraudes en la gestión de recursos públicos destinados a formación en los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

El Estado ya no destina dinero público a la formación profesional de oferta (subvencionada) y desde el ejercicio 2012 esta partida se ha financiado en exclusiva con las cuotas a la Seguridad Social para formación (0,7% de la base de cotización), abonada por empresarios (0,6%) y trabajadores (0,1%).

El tribunal también reprueba que en torno a la mitad del importe total concedido en 2010 (más de 412 millones) se subcontratara con entidades que no se presentaron a licitación alguna y que podrían no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria. En su opinión, esto lleva a que las organizaciones empresariales y sindicales beneficiarias de subvenciones se conviertan en muchos casos en “meros intermediarios necesarios” para lograr la concesión, una mediación por la que se embolsan el 20% del importe de la ayuda, si bien ese porcentaje se limitó al 10% a raíz de la reforma laboral.

Entre otras anomalías, el tribunal constata la “elevada multiparticipación”, ya que 398 personas participaron en 6.060 acciones formativas, y también señala como “especialmente significativo” que determinadas personas hicieran más de cincuenta cursos con cargo a la misma convocatoria.

El Tribunal de Cuentas detecta 54 millones sin justificar en subvenciones para formación