El exdirigente de ICV Raúl Romeva liderará la lista de CDC, ERC y entidades soberanistas que busca independizar a Cataluña en un plazo de seis meses a partir de las elecciones del 27-S.

El Gobierno central sostiene que si las elecciones están fuera del marco legal, las impugnará.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya advirtió de que las catalanes del 27-S serán “unas elecciones autonómicas” más pese a las “maniobras de confusión” que se quieran generar, mientras que la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, apeló “más que nunca” a la “unidad de partidos constitucionalistas” (PP, PSC y Ciutadans).

Los líderes de CDC, Artur Mas, y de ERC, Oriol Junqueras, comunicaron personalmente la decisión del cartel electoral a Romeva en una reunión por la mañana en el Palau de la Generalitat, convertido en la sede de operaciones de una candidatura que aupará a la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, y la presidenta de Omnium Cultural, Muriel Casals, a los puestos dos y tres, respectivamente, de la lista.

Poco después, Romeva afirmó en Twitter que asumen “colectivamente el compromiso” para “ganar” de forma conjunta las catalanas. En tono más eufórico, Oriol Junqueras escribió en la misma red social: “¡Vamos! Ganaremos”.

La candidatura contará finalmente con pocos independientes y caras nuevas puesto que Romeva hasta hace muy poco era eurodiputado de ICV, Carme Forcadell fue concejal de ERC en Sabadell y solo Casals, más los puestos números seis, siete y ocho de la lista están reservados para la denominada sociedad civil. El resto se lo repartirá al 60 por ciento y 40 por ciento CDC y ERC, respectivamente.

Según fuentes soberanistas, el objetivo de esta candidatura es que, a pesar de ir en el número cuatro, el convergente Artur Mas repita en la Presidencia de la Generalitat si la candidatura recibe el aval de los catalanes, para iniciar un proceso de “desconexión” con el Estado que debería culminar en seis meses, un año ante de la hoja de ruta anterior barajada por Mas.

Junqueras irá de número cinco de la lista y se baraja que ocupe un puesto destacado en un Govern de coalición tras el 27-S.

El pacto entre CDC y ERC contempla así un proceso de “desconexión legal” de Cataluña del resto de España que duraría de seis a ocho meses si esta candidatura gana los comicios, y que culminaría con un “punto de ruptura”: una declaración unilateral de independencia.

Según fuentes de ambos partidos, el proceso de “desconexión” incluye la aprobación por parte del nuevo Parlament de un paquete de medidas legales, entre ellas una “ley de transitoriedad jurídica” para suplir el marco legal español y evitar vacíos de poder.

La “ley de transitoriedad jurídica” mantendría vigente el ordenamiento jurídico español en todos los ámbitos en que no haya leyes catalanas, las cuales prevalecerían.

Otras leyes previstas serían las destinadas a crear estructuras de estado fundamentales, como la de hacienda propia –a partir de la Agencia Tributaria de Cataluña– o la de Seguridad Social.