La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que el déficit público cierre este ejercicio en el 2,1% del PIB, ocho décimas por encima del objetivo oficial, pero una décima menos de lo que estimaba en caso de que se hubiese aprobado el proyecto presupuestario y gracias en parte al cierre de 2018, al tiempo que cifra en 920 millones el gasto de las medidas aprobadas vía real decreto-ley en los llamados viernes sociales.

Así figura en el informe sobre presupuestos iniciales de las administraciones públicas en 2019, publicado ayer por el organismo, en el que señala que la mejora de su previsión de una décima se debe a la Seguridad Social y explica que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 supuso que no se pongan en marcha una parte relevante de las medidas contenidas en el plan presupuestario y en el proyecto de presupuestos, con un efecto neto positivo.

No obstante, matiza que las medidas de ingresos de los fondos de la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones (este año suben un 1,7% las medias) y la subida del salario de los empleados públicos ya habían entrado en vigor antes de la presentación del proyecto de PGE.

En el escenario de enero
Asimismo, señala que las medidas de gasto aprobadas vía real decreto ley por el Gobierno en los primeros meses, cuantificadas en el plan presupuestario e incluidas en el proyecto de PGE, conllevan un importe de 1.633 millones, si bien no han supuesto una “sorpresa” y no han variado la previsión de déficit, ya que estaban previstas en el escenario de enero, han indicado fuentes del organismo.

La Airef ya había reducido en 200 millones el impacto de estas medidas en 2019, puesto que su entrada en vigor se había retrasado hasta el segundo trimestre del año de acuerdo con el calendario de tramitación del presupuesto.

Tras la aprobación de los decretos, el importe final estimado por la Airef de las medidas de los viernes sociales alcanza los 920 millones al no haberse desarrollado la medida de mejora de la dependencia que, por importe de 515 millones, se incluía en el proyecto de PGE.

Los 920 millones de los viernes sociales, a falta de sumar el coste de las nuevas medidas que se aprueben, se derivan de la aprobación del pago de las cotizaciones a los cuidadores (315 millones), la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (242 millones), el aumento del permiso de paternidad a 8 semanas (225 millones) y el ingreso mínimo vital (138 millones).

A estos 920 millones se suma el coste de 588 millones de la revalorización aprobada de las pensiones al IPC, la subida de las mínimas y las no contributivas al 3%, con lo que las medidas de gastos finalmente aprobadas alcanzan los 1.508 millones de euros.

Por tanto, con la prórroga presupuestaria los gastos serán unos 3.700 millones inferiores a lo previsto por la Airef en enero del coste total de las medidas de gastos de los PGE (5.250 millones), y el efecto neto de la no aprobación de las medidas sería ligeramente positivo.

Otro factor que contribuyó a rebajar la estimación de déficit fue la incorporación de los datos publicados de cierre de 2018, con un déficit del 2,6% del PIB, un décima inferior a la prevista debido al mejor comportamiento de las cotizaciones sociales.