La OCDE constata que la economía española se está ralentizando más de lo que había calculado en mayo y rebaja sus previsiones de crecimiento dos décimas para este año, al 2%, y tres para 2020, al 1,6%.

En su informe semestral de perspectivas, la OCDE se muestra más pesimista que el Gobierno, que confía en mantener una progresión del 2,1% en 2019 y del 1,7% en 2020, pero no tanto como la Comisión Europea, que el pasado día 7 modificó fuertemente a la baja sus cifras para dejarlas en el 1,9 y el 1,5%, respectivamente.

Pese a todo, la evolución de España será una vez más mejor que la media de la eurozona, que crecerá un 1,2% este año y un 1,1% el próximo. También será mejor que la de los tres grandes países de la zona euro: Alemania, Francia e Italia.

Para 2021, la expectativa de la OCDE es que el crecimiento en España se mantenga en el 1,6% en un contexto en que el consumo privado será el principal vector de progresión, aunque también experimentará una ralentización en su incremento (del 1,8% el próximo ejercicio al 1,3% el siguiente).

Esa ralentización está en relación directa con una menor creación del empleo mientras que la tasa de paro pasará del 14,2% en 2019 al 14,1% en 2020 y al 13,6% en 2021.

Inversión de las empresas

Respecto a la inversión de las empresas, está siendo menos dinámica que en el pasado (crece al 2,8% este año después de haberlo hecho al 5,3% en 2018) pero va a persistir en un ritmo de crucero importante a la vista del alto nivel de utilización de las capacidades productivas y por las favorables condiciones de financiación con los bajos tipos de interés. Según la OCDE, volverá a repuntar al 3,6% en 2020 para decaer al 3% en 2021.

El comercio exterior tendrá un impacto negativo de cinco décimas sobre el producto interior bruto (PIB) en 2020 ante la debilidad de los mercados de exportación y el dinamismo de las importaciones.

La OCDE se refiere en su documento a la incertidumbre política, que genera dudas sobre cuál va a ser la evolución fiscal y de las finanzas públicas.

Y como prevé que la deuda pública siga a un nivel “elevado” (únicamente bajará del 96,6 % del PIB en 2019 al 96,2 % en 2021), insiste en que hacen falta más esfuerzos estructurales para una reducción duradera.

A ese respecto, hace notar que las mejoras recientes en las finanzas públicas hay que atribuirlas mayormente a “unas condiciones macroeconómicas favorables”.

Los autores del informe consideran que para elevar el crecimiento potencial el elemento fundamental es aumentar la productividad, y eso pasa por mejorar la formación de la mano de obra, la competencia y la innovación.

Sobre el primer punto, recomiendan formar a los trabajadores con menores capacitaciones para aumentar sus perspectivas laborales y reducir las desigualdades.

Proponen unificar la asistencia laboral y los servicios sociales para los desempleados y dar formación digital a las personas con menor nivel educativo, cuyos empleos corren más riesgo a causa de la automatización.