El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reconoció ayer, al declarar como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es el “responsable único” y promotor político de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, según fuentes judiciales.

En un interrogatorio de poco más de una hora, se limitó a contestar a las preguntas del magistrado Joan Manel Abril y se negó a responder a la acusación popular –representada por Manos Limpias–, y también a la Fiscalía por sus “contradicciones” sobre la querella contra él, contra la exvicepresidenta Joana Ortega y contra la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

Antes de las preguntas del magistrado, Mas pidió intervenir: en unos diez minutos se ha reivindicado como responsable de la consulta –que defendió como proceso participativo– y explicó que era el objetivo más importante de la legislatura.

“No busquen a nadie más”, reivindicó Mas, que también expuso –en un tono cordial, según fuentes judiciales– que no sabe por qué tiene que declarar ante la Justicia ya que cree que, en todo caso, las explicaciones debe darlas ante un parlamento al ser el 9-N una decisión política.

Sobre el por qué se negó a contestar a Fiscalía –representada por el fiscal Emilio Sánchez Ulled, acompañado del fiscal superior de Cataluña, Jose María Romero de Tejada–, aludió a que la Fiscalía catalana no vio en un principio indicios de delito en el 9-N pero presentó igualmente la querella por “imposición” de la Fiscalía General del Estado.

Tras esta intervención, el magistrado comenzó a leer cronológicamente los hechos sucedidos hasta el 4 de noviembre –fecha en que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el proceso participativo–, y a partir de este momento se inició el interrogatorio.

Mas explicó que, tras la suspensión, el Govern emprende un cambio de formato de la consulta que transforman en un “proceso participativo”, cuyo peso principal hace recaer en los voluntarios y no en los funcionarios de la Generalitat, como estaba previsto en la consulta inicial.

Hizo mención también a declaraciones públicas posteriores a la suspensión y previas a la consulta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que quitan valor al proceso participativo, como argumento para insistir en que ya no se trataba de una consulta como estaba previsto sino que ya era otra cosa.

Precisamente, explicó que el no poder haber hecho la consulta “con todas las garantías” fue el motivo por el que decidió avanzar las elecciones del pasado 27 de septiembre y que trató de convertir en un plebiscito. Al igual que Ortega y Rigau, aunque con menos detalles que ellas, Mas señaló que el 9-N obedecía a un “mandato del Parlament”.