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jueves | 25 abril | 2024
La Fiscalía Anticorrupción pidió penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde del municipio de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como “el Albondiguilla”, y de 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gurtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en la localidad madrileña.
Así figura en el escrito provisional de acusación que el Ministerio Público ha presentado contra 27 procesados y trece personas jurídicas, entre ellas el PP. Considera partícipe a título lucrativo a la formación política por haberse beneficiado con la actuación de la trama en una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.
El partido será juzgado también como partícipe a título lucrativo por las actividades de la primera época de la Gurtel y las actividades de la red en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo; mientras que está considerado como responsable civil subsidiario en el juicio por la contabilidad B de la formación.
En la pieza separada sobre Boadilla del Monte, Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional que el “número dos” de la red de presunta corrupción, Pablo Crespo, sea condenado a 64 años y siete meses de cárcel; el exdiputado regional Alfonso Bosch a 23 años y medio; y al exconcejal de Boadilla José Galeote a 22 años de prisión.
De igual modo, reclama la imposición de trece años y medio de cárcel para la exadministradora de empresas de la trama Isabel Jordán; once para el supuesto blanqueador y ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín; diez y dos meses para el empresario Jacobo Gordon; y siete y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.
La Fiscalía cree que los acusados percibieron pagos o regalos por su intervención, entre los que Galeote recibió 557.609 euros, González Panero 1,8 millones, Martín Morales un cobro de 1,3 millones y Alfonso Bosch otro de 941.652 euros. Francisco Correa percibió por los contratos adjudicados a sus empresas 2,1 millones e ingresó 2,7 millones en concepto de comisiones por su intermediación a favor de empresas ajenas a su grupo y Pablo Crespo 593.000 euros.
Acusa a los principales encausados de delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, ilícitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
La causa investiga la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.
Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a la que controlaban “de facto” a través de sus gerentes.
