La corporación ferrolana insta a Opel a buscar una solución al caso Motorkar

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La delegación de portavoces de la mayoría de los afectados por el cierre de los concesionarios Motorkar de Ferrol y Laraxe continuó ayer su ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas, en este caso entrevistándose por un lado con el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y el diputado de En Marea, Antón Sánchez; y por otro con el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado y la portavoz de la formación en el ayuntamiento local, Martina Aneiros.
Durante la reunión con el regidor –y posterior rueda de prensa–, los representantes de los perjudicados explicaron que la marca automovilísitica no se está haciendo responsable de la situación, manteniendo que por su parte no había habido error. No obstante, según aclararon, la compañía alemana ofreció a 18 de los afectados coches de sustitución mientras no se solucionase el entuerto, pero que a su vez no ha aclarado las condiciones del contrato para acceder a ellos. Además, según se señaló durante la convocatoria de medios, este trato no se brindó a todos los afectados y en un principio todos estos vehículos pertenecían a un servicio de alquiler, aunque con el tiempo pasaron a ofrecer otros de su propia marca. Temerosos de las posibles consecuencias, los perjudicados han acordado no aceptar la propuesta hasta conocer todas las condiciones derivadas de la misma.
El grupo de afectados considera que la marca, que por el momento solo se ha puesto en contacto con esas 18 personas, pretende dejar que la situación siga su cauce hasta la celebración, el próximo 1 de septiembre, del concurso de acreedores. El total de la presunta estafa, según los cálculos de los perjudicados, podría ascender a los 700.000 euros, por lo que la corporación podría ver preferible dejar que sean los sistemas jurídicos quienes lidien con la situación, aun cuando los usuarios serían los máximos perjudicados.

Respuesta de los grupos
Antón Sánchez consideró que “de lo que se trata realmente es de una estafa a todas estas personas que entregaron su dinero y que pensaron que era a cambio de tener un coche y que ahora se han visto sin lo uno y sin lo otro. Ante esta estafa es evidente que quien tiene las competencias de protección del consumidor, según el estatuto de Galicia, es el Instituto Galego de Consumo, por lo que creemos que debe actuar”. Sánchez también destacó que “no le puede salir gratis a quien haga estafas como esta”, a la vez que apelaba a la solidaridad de los vecinos frente a esta clase de situaciones, a la vez que recordaba a los 22 trabajadores despedidos cuyos sueldos fueron congelados.
Por su parte el alcalde, Jorge Suárez, señaló que era la obligación del ayuntamiento de permanecer al lado de quien sufre esta clase de estafas, al tiempo que señalaba que quedaban 14 días para el final del mes y que Opel no debía desentenderse del problema.
Durante la reunión con los representantes del grupo popular el presidente de la formación a nivel gallego, Miguel Tellado, ofreció toda su solidaridad, destacando que, como consumidores, los afectados tenían sus derechos y que, por tanto, el Instituto Gallego de Consumo debería abrir un expediente. Tellado, no obstante, recordó que ante todo se trataba de un asunto judicial que involucraba a un concurso de acreedores, y que por tanto todo dependía de los tribunales. “Hay un juzgado que debe hacerse cargo del concurso de acreedores, así que la cuestión está más en las manos de la justicia que en de la administración pública”, señaló. l

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