11º-18º
jueves | 18 abril | 2024
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó de forma unánime la aplicación de las medidas cautelares planteadas por Ciudadanos y Partido Popular en sus recursos contra la declaración independentista presentada por Junts pel Sí y la CUP, lo que supone avalar la celebración del pleno del Parlament del próximo lunes en el que se debatirá la propuesta. Advierte en todo caso de que cuando le toque entrar sobre el fondo del asunto actuará con “prudencia y determinación”.
En sendos autos, el tribunal de garantías señala que aunque la ley permitiría suspender cautelarmente la ejecución de cualquier acto que sea objeto de un recurso de amparo, este órgano siempre ha destacado “como uno de los fundamentos del sistema democrático”, que el Parlamento “es la sede natural del debate político” y el resultado de este debate “no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”.
contenido desconocido
Los magistrados afirman que la adopción de la medida cautelar habría rebasado la propia función del recurso de amparo al promover “un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce”. La acreditación del perjuicio debería correr además a cargo de los recurrentes.
La finalidad del recurso de amparo, se añade en ambos autos –uno por la petición realizada en la demanda de amparo Ciudadanos y el otro por la del PP–, está “a salvo” pese a no haberse acordado las medidas cautelares cuya aplicación debe ser excepcional y restrictiva en todo caso.
En este punto, explican que una eventual sentencia estimatoria de la demanda “conllevaría la declaración de nulidad de todos aquellos actos, incluidos los de trámite, que hubieran resultado lesivos de los derechos fundamentales de los demandantes de amparo”.
El TC afirma ser consciente del “riesgo” de que en el pleno del Parlament catalán anunciado para el lunes 9 se apruebe una resolución acorde con la propuesta tramitada. No obstante, “ello no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el Ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer sus competencias”.
velar por la legalidad
Los autos subrayan además que es la propia cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación “se desarrolle en el marco de la Constitución”. “Son las asambleas parlamentarias, en su condición de poderes constituidos, las que en primer lugar deben velar porque sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución”, establece el TC.
En este punto, los autos inciden en el deber de “fidelidad a la Constitución” por parte de poderes públicos como “soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico” sin perjuicio de señalar que la última palabra, “cuando así se le pida”, corresponderá a este tribunal.
