La Junta Electoral Central (JEC) acordó remitir al Parlamento catalán una copia del auto de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que rechazó por unanimidad suspender la retirada del escaño al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ordenó a su presidente, Roger Torrent, que en consecuencia ejecute la sanción “de forma inmediata”.

Tras el auto del Supremo, la JEC entiende que “debe denegarse la suspensión cautelar planteada por el Parlamento de Cataluña”, por lo que da un paso más para ejecutar la retirada del escaño de Torra con un requerimiento expreso a Torrent.

“Requerir al Presidente del Parlamento de Cataluña para que de forma inmediata proceda a dar cumplimiento a lo acordado por esta Junta Electoral Central con fecha 3 de enero de 2020, realizando a tal fin todos los trámites necesarios para hacer efectiva la pérdida de la condición del diputado don Joaquim Torra i Pla, remitiendo a esta Junta la documentación que lo certifique”, concluye el árbitro electoral.

Un acuerdo firme

La JEC subraya que su acuerdo es firme en vía administrativa y que ya solo cabe “la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación”.

En concreto, en su reunión de ayer, el organismo arbitral estudió una petición de Vox para que se requiriera a Torrent el cumplimiento del acuerdo del 3 de enero por el que se inhabilitaba a Torra como diputado, las alegaciones del Parlament a esa petición y el auto dictado horas antes por la Sala Tercera del Supremo.

Según el acuerdo de la JEC, Vox registró su petición el 13 enero, un día antes de que la Junta Electoral Provincial de Barcelona acreditara que se había expedido la credencial de diputado autonómico a Ferrán Mascarell, a quien corresponde ocupar el escaño de Torra declarado vacante.

En sus alegaciones, el Parlament pidió que se desestimara la petición de Vox de enviar un requerimiento a Torrent y que se dejara en suspenso el acuerdo de la JEC por el que se inhabilitaba a Torra, pero, una vez que el Tribunal Supremo rechazó la suspensión cautelar que también pidió Torra, el organismo arbitral ordenó al presidente del Parlament que ejecute la retirada del escaño al de la Generalitat.

“El acuerdo dictado por esta Junta Electoral el día 3 de enero de 2020 es, por previsión legal, plenamente ejecutivo y la suspensión de tal efecto fue denegada por el órgano jurisdiccional competente”, argumenta la JEC.

La Mesa del Parlament tiene hasta el lunes para decidir si cumple la orden de la Junta Electoral Central o si por el contrario le permite votar en la sesión prevista para ese día.

Fuentes parlamentarias consideran que la resolución del Supremo no cambia nada porque los letrados mantendrán el criterio de no retirar el acta porque no consideran que la JEC sea competente, lo que convierte en “política” la decisión de dejar o no que Torra vote.

Torra está condenado por desobediencia por no haber retirado a tiempo símbolos partidistas de edificios públicos en período electoral, lo que según el reglamento del parlamento catalán conllevará su inhabilitación como diputado cuando la sentencia sea firme.

Incompatibilidad sobrevenida

Pese a que aún hay un recurso pendiente de resolver, la JEC ordenó que se le retire el acta de diputado autonómico por “incompatibilidad sobrevenida”, una decisión que Torra tachó como un “golpe de Estado” contra las instituciones catalanas y que incluso cuestionaron los servicios jurídicos del Parlament, que no creen que el organismo electoral sea competente para tomar esta decisión.

En ese momento, todos los grupos excepto Ciudadanos y PPC consideraron que la opinión de los letrados de la cámara catalana avalaba que Torra pudiera seguir votando hasta que la condena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sea firme.

Ayer, tras la decisión del Supremo, el presidente del PP, Pablo Casado, señaló ayer que Quim Torra “ya no es diputado autonómico” por lo que “no puede ser presidente” de la Generalitat y indicó que “si insiste” en mantenerse en el cargo lo “denunciará por usurpación” de poder, algo que extenderá al Gobierno “si no hace nada para cesarlo”.

Casado hizo estas declaraciones en San Sebastián donde acudió a la inauguración de la exposición dedicada a la figura de Gregorio Ordóñez cuando se cumple el 25 aniversario del asesinato del concejal del PP a manos de ETA en 1995.